Columna publicada el 22.07.18 en El Mercurio.

Si de algo ha servido la discusión en torno a las viviendas sociales, ha sido para mostrar que el talento de Joaquín Lavín sigue intacto: el hombre instala temas, mueve ejes y genera hechos políticos. En síntesis, domina el balón como pocos pueden hacerlo. Dado que no le teme al error ni al ridículo, Lavín siempre sorprende, apareciendo allí donde nadie lo espera. En esta ocasión resulta evidente que tocó una tecla sensible, que guarda relación con la integración urbana. Y aunque el aporte que haga Lavín será necesariamente marginal (pues la magnitud del problema es de otro orden), sabemos bien que en política los gestos valen por su carácter simbólico.

Al mismo tiempo, el alcalde vuelve a recordarnos un dato fundamental: mientras la discusión parlamentaria tiene ritmos y temáticas ajenos al sentir común, los alcaldes se vinculan de modo directo con las inquietudes ciudadanas. Así, algunos jefes comunales (Lavín, Jadue, Sharp, entre otros) van llenando el vacío que deja el Congreso, cada vez más ensimismado. Lavín también le marca el tiempo al gobierno, y no deja de ser notable cómo el ministro de Vivienda se apresuró en subirse al carro de la integración.

Ahora bien, si queremos ir más allá de la coyuntura, esta iniciativa debería ser el punto de partida de una reflexión mucho más amplia sobre cómo articulamos el territorio. Es innegable que la intuición de Lavín es correcta, pero es extremadamente difícil de abordar: hemos construido ciudades divididas y barrios clausurados, donde operan límites invisibles. Durante demasiado tiempo, Santiago ha crecido con escasa conciencia de la complejidad de la ciudad contemporánea (basta recordar la vergonzosa erradicación de pobladores de la zona oriente durante la dictadura). Y aunque es hasta cierto punto natural que en la ciudad funcione el mercado inmobiliario, y que en ella se reflejen y materialicen las desigualdades sociales, el fenómeno no se agota allí. La ciudad es, ante todo, el espacio privilegiado de encuentro entre libres e iguales que -al decir de los griegos- constituye lo más característico de la vida humana, pues solo en ella pueden desplegarse plenamente nuestras capacidades. Se trata de un ecosistema muy delicado, y particularmente difícil de proteger. Como bien recordaba el recientemente fallecido Marcel Hénaff, el gran desafío de la ciudad contemporánea es preservar ese carácter público frente a los múltiples peligros que la acechan. Sobra decir que, por varios motivos, hemos perdido de vista esta última dimensión. Por un lado, nos cuesta imaginar un orden distinto al que genera la pura libertad económica. De hecho, el Estado se hace parte de esta lógica al vincular las contribuciones con la plusvalía. Así, quienes no responden al nuevo perfil socioeconómico de un barrio son literalmente expulsados (y es cuando menos absurdo que el Estado luego intente restaurar esos tejidos que él mismo ha destruido). Con todo, la gran dificultad es la siguiente: en Chile no contamos con autoridades urbanas dignas de ese nombre. Nos interesa de sobremanera el proceso constitucional, y podemos pasar meses debatiendo sobre las atribuciones del Ejecutivo, pero nos cuesta ver que nuestra principal falencia institucional es que las ciudades carecen de gobierno. El caso más paradigmático es el de Santiago, pero ocurre algo análogo en el Gran Valparaíso y en el Gran Concepción: ninguna de estas urbes ha recibido una mirada integral. De más está decir que los gobernadores elegidos solo complicarán las cosas, pues añadiremos al caos actual una autoridad legitimada por las urnas y sin atribuciones (y, por tanto, sin responsabilidad): la tormenta será perfecta (y a nadie parece importarle). Como fuere, el hecho es que resulta cada vez más inverosímil que una ciudad como Santiago, donde vive un tercio del país, no cuente con una autoridad que pueda tomar decisiones y hacerse responsable de ellas. No podremos avanzar realmente en cuestiones de transporte público ni de integración urbana ni de espacios verdes si seguimos confiando en que la anarquía de decenas de alcaldes puede producir algo así como un orden deseable. No se trata de negar la espontaneidad (que tiene su valor), pero sí de encauzarla en alguna dirección. Por lo demás, ninguno de estos fenómenos admite ser pensado al margen del tamaño de las ciudades, dato que vuelve todo más complicado (la reforma educacional de Michelle Bachelet, por ejemplo, se condenó al fracaso al omitir este aspecto: si los colegios separan es porque la ciudad antes ya lo había hecho). El oportunismo infinito del que Joaquín Lavín ha vuelto a hacer gala nos deja frente a una extraña disyuntiva. O bien nos dejamos hechizar por su golpe de efecto, y quedamos paralizados frente a su magnetismo; o bien nos tomamos en serio la pregunta que formula, y convertimos a la ciudad -con todo lo que eso implica- en auténtica prioridad política. Está por verse si hay políticos dispuestos a ir más allá de la primera alternativa.