Columna publicada el miércoles 22 de febrero de 2023 por CNN Chile.  La cultura de la cancelación es un fenómeno que ha permeado en el mundo entero (no solo en redes sociales sino también en funas presenciales). Chile no ha quedado fuera. Es conocida la afinidad del proyecto cultural de la coalición de Gobierno con algunas lógicas propias de esta cultura, en particular cuando se relaciona con instituciones o industrias privadas que están en el ojo del huracán. Más aún, el gobierno ha seguido un esquema similar (casi podría enumerarse en pasos) en distintas situaciones que han ocurrido en el último año. Hacemos una prevención al lector: los ejemplos que daremos a continuación no implican desconocer que se trata de discusiones mucho más complejas de lo que habitualmente se da a entender en el espacio público. Veamos. Este esquema incluye, en primer lugar, identificar que la persona jurídica que recibe los dardos no se adecúa a la ideología de la coalición gobernante (o a sus promesas de campaña). Mejor aún si se trata de una industria que tiene dueños privados e identificables con los llamados poderes fácticos, que -según se denuncia- se oponen al cumplimiento del programa. En segundo lugar, se asocia dicho rubro o institución a una crisis severa y presente. En esto hay un amplio abanico de alternativas de las cuales se puede culpar a la industria de turno: el aumento de la inseguridad, el costo de la vida, las brechas en materia de educación, aumentos de las listas de espera en salud, bajas pensiones, migración irregular descontrolada. Tanto mejor si puede vincularse el problema de fondo a un eslogan fácil de recordar y repetir: “no más AFP”, “fin al lucro”, “educación gratuita y de calidad” y “sistema único de salud”. En tercer lugar, este esquema busca convertir esa industria en un enemigo ante la ciudadanía o la opinión pública. Por ejemplo, transformar a las forestales en las responsables de los incendios, pues ellas serían las encargadas de prevenirlos por ciertos tipos de plantaciones que realizan. O bien, dar a entender que las inmobiliarias han sido en parte responsables en los incendios acaecidos en Viña del Mar, o sugerir que las autopistas o malls tienen su cuota de culpa de las encerronas y asaltos a mano armada –a plena luz del día–, porque no han invertido lo suficiente en materia de seguridad. Y así. En cuarto lugar, se promete una solución centrada en la gente (como si las ideas distintas a las propias buscaran el interés de unos pocos). Por ejemplo, para disminuir desigualdades en materia de educación, habría que poner fin al lucro, o la condonación del CAE. En materia de salud, acabar con las Isapres y establecer un sistema único (si Fonasa no está en condiciones de absorber los usuarios que se atienden en Isapres, ¿ello asegurará salud universal y de calidad?, ¿cómo van a disminuir las listas de espera?). En materia de pensiones, no más AFP (¿eso garantizará mejores pensiones?). En la industria forestal aplicar un royalty que supuestamente aseguraría nuevas plantaciones cada vez que se realice una cosecha (¿pensarán que un anuncio de impuestos solucionará de un plumazo el problema medioambiental de las forestales?). Por muy elemental que pueda resultar el esquema expuesto, el modo en que el gobierno ha enfrentado los problemas, a ratos da la impresión como si siguiera al pie de la letra un guión. Ciertamente, para ser justos, hay que reconocer el rol que ha desempeñado la ministra Tohá en el tema del royalty e intencionalidad de los incendios. Fue ella quien salió a poner paños fríos por los dichos del presidente Boric y el ministro de Agricultura, aclarando que “no está contemplado porque la industria forestal no cumple con las características de aquellas actividades que generan royalty. Es decir, no se trata de un recurso natural no renovable de propiedad del Estado”. Y más recientemente salió a aplacar la polémica generada por el titular de Vivienda, quien señaló que “si fuera verdad todo lo que se dice, que todo es por intencionalidad, la verdad es que estaríamos en una situación muy compleja” (¿habrá leído los informes de la Conaf que señalan que la cifra de intencionalidad en los incendios no es de un 25% como comunicó el Gobierno, sino de un 41%?). Pero, más allá del esfuerzo de ciertos representantes del socialismo democrático, lo que está claro es que precisamente el actuar del Gobierno, con sus constantes errores y desorganización, es el que hace sonar las alarmas. Ninguna de esas pertinentes correcciones permite subsanar los errores y simplificaciones antes señalados. Además, cualquier modificación profunda, radical, a la matriz productiva o a la forma en que se conduce la economía requiere de un orden y de una rigurosidad que este gobierno está a años luz de tener. Por volver a un ejemplo recurrente, un reciente estudio publicado por The Lancet, señala que en relación con la crisis de las Isapres el Gobierno tiene un difícil camino para lograr una solución: ¿las salvará del colapso que afectaría a millones de personas, proporcionando recursos del Estado? (medida que sería muy impopular entre los partidarios de Boric). Si el gobierno no actúa con rapidez para llegar a un consenso antes del 30 de mayo (fecha límite fijada por la Corte Suprema), hay un 65% de probabilidades que las primeras Isapres quiebren en abril o mayo. ¿Acudirá en su ayuda? ¿O dejará que se hundan? La pregunta no es trivial. En definitiva, son las personas, especialmente las más vulnerables, las que siguen esperando un Gobierno a la altura de las circunstancias. Una administración que, antes de cancelar o descartar a priori las ideas ajenas, se tome en serio la complejidad de los fenómenos que enfrenta. Más que rehacerlo todo, valdría la pena construir sobre lo ya existente, hacer mejoras y mantener lo bueno, y trabajar a partir de eso. Quizá sea menos épico, pero es un comienzo para cambiar el triste espectáculo que enfrentamos hoy.