Columna publicada el lunes 5 de septiembre de 2022 por La Segunda.

Al intentar comprender el categórico triunfo del Rechazo —respaldado por la impresionante cifra de casi ocho millones de personas—, conviene volver la mirada a la papeleta de este histórico plebiscito. Se trataba, básicamente, de ratificar o no el “texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional”. Parece obvio, pero ahí reside la principal clave de lectura de lo ocurrido ayer. Me explico. 

Por un lado, el resultado es inseparable del órgano que redactó el texto desahuciado masivamente por la ciudadanía. Desde aquella triste instalación en que se pifió el himno nacional (¡cantado por niños!) y se priorizó la “amnistía para los presos de la revuelta” hasta los gritos finales del “pueblo unido avanza sin partidos”, lo cierto es que la soberbia, el ánimo de revancha y el espíritu de nicho se convirtieron en la actitud dominante dentro de la Convención. Fue ese ensimismamiento el que impidió rectificar el rumbo pese a las múltiples señales de alerta, incluyendo —entre otras— la carta de renuncia de Lorena Penjean, los comicios de noviembre pasado, el informe de la Comisión de Venecia y el documento del expresidente Ricardo Lagos.

Por otro lado —y a diferencia de lo que muchas veces se dijo—, era una quimera pretender separar al artífice de su obra. En rigor, la propuesta que se rechazó ayer era un fiel reflejo del órgano que la creó a su imagen y semejanza. Basta recordar el desprecio de nuestra tradición constitucional (de ahí la injustificada supresión del Senado), la desconfianza respecto del uso legítimo de la fuerza (por algo la insólita eliminación del estado de emergencia), la incomodidad con los mecanismos clásicos de la democracia representativa (los partidos políticos fueron omitidos) y así, el listado podría extenderse varias líneas más.

Con todo, también es indispensable advertir el sentido específico de la papeleta porque ayer se rechazó un proyecto determinado de carta fundamental. El error no es reconocer a los pueblos indígenas, sino la plurinacionalidad y sus vastas implicancias. El inconveniente no es descentralizar, sino adoptar unas extravagantes autonomías regionales. La dificultad no es evaluar un nuevo gobierno del Poder Judicial, sino poner en riesgo su independencia y facilitar su politización. El equívoco no es fortalecer los derechos sociales, sino excluir a la sociedad civil y confundir lo público con lo estatal.

En suma, el problema no es el cambio constitucional, sino olvidar que éste debe basarse en acuerdos transversales y ofrecer estabilidad, certezas, seguridad en las distintas dimensiones de la vida. Eso es lo que anhelan las grandes mayorías, las mismas que ayer descartaron el proyecto refundacional apoyado por Apruebo Dignidad.