Columna publicada el 29 de mayo de 2023 en La Segunda. “Es plagio sin cita”. Con esas palabras Iván Poduje denunciaba en Twitter, pocos días atrás, una supuesta semejanza entre el Anteproyecto que elabora la Comisión Experta y el texto de la fallida Convención. Es, básicamente, el mismo tipo de eslogan que difunden por redes sociales Vanessa Kaiser, Teresa Marinovic y otros detractores del proceso constitucional. Pero, así formulada, la objeción no tiene fundamento. Veamos por qué. Estos críticos suelen invocar el inicio de la propuesta rechazada, pues ahí se hablaba, al igual que el Anteproyecto de los expertos —y al igual que una cuarentena de constituciones—, de “Estado social”. Sin embargo, se trata de un argumento muy débil. El fracasado órgano constituyente identificaba a la sociedad chilena con el aparato burocrático (“Chile es un Estado…”), e ignoraba o derechamente afectaba los vínculos e instituciones no estatales que sustentan la vida común. Nada de esto ocurre con el referido Anteproyecto, que en sus primeros artículos reconoce a las “instituciones privadas”, a las “agrupaciones sociales que libremente surjan entre las personas” y su “adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos”. Además, para la frustrada Convención el Estado no sólo era “social y democrático”, sino también —así lo decía su artículo 1°— “plurinacional”, “regional” y ecológico”. Esto suponía innumerables transformaciones, como autonomías territoriales y tantas otras extravagancias, que impregnaban sus 388 artículos y 57 disposiciones transitorias. En cambio, el sobrio Anteproyecto que preparan los expertos reconoce a los pueblos indígenas como parte de la “nación chilena, que es una e indivisible”; establece que el Estado es “unitario y descentralizado”; y acompaña la protección del medioambiente de la promoción de “la sostenibilidad y el desarrollo”. Todo lo anterior se traduce en múltiples diferencias adicionales en materia de sistema político y organización estatal. Quizá la más elocuente sea el modo de comprender la democracia. Mientras los convencionales derrotados el 4 de septiembre concluyeron sus sesiones plenarias gritando “el pueblo, unido, avanza sin partidos”, la apuesta de la Comisión Experta es justo la contraria. Es decir, alejarse de las lógicas asambleístas y revitalizar y fortalecer los partidos políticos como instituciones esenciales del régimen democrático (los debates sobre las normas que buscan disminuir la fragmentación y favorecer la disciplina partidaria se enmarcan precisamente en dicha apuesta). Ninguna de estas consideraciones busca negar que el Anteproyecto de los expertos admite legítimos debates y mejoras. Pero cualquiera que se tome en serio su contenido notará el abismo de distancia que lo separa del texto de la malograda Convención.