Columna publicada el 08.08.19 en La Segunda.

Aunque el gobierno había pedido postergar la votación del Protocolo Facultativo de la CEDAW, a fin de analizar sus implicancias, la ministra Isabel Plá anunció que, de aprobarse el protocolo por el Senado, el gobierno lo ratificaría y sólo haría una declaración interpretativa respecto al aborto.

A grandes rasgos, el protocolo establece los mecanismos para hacer operativa la convención, que establece los derechos de las mujeres. Para ello, crea un comité y un procedimiento para que éste conozca y juzgue los casos en que alguna mujer sufra una vulneración de sus derechos por parte del Estado. El comité puede, entre otras atribuciones (como visitas al territorio), hacer observaciones y recomendaciones.

Llama la atención que, por un lado, el gobierno muestre cierta cautela respecto a los organismos internacionales enviando cartas que exijan un mejor funcionamiento de los mismos y, por otro, quiera entregarle competencia a otro órgano internacional burocrático para que se pronuncie sobre cuestiones nacionales.

Todo esto resulta ingenuo. Si bien la intención del protocolo y su lenguaje pueden no parecer nocivos, hay elementos que merecen ser analizados con cuidado.

Su lenguaje es amplio y poco preciso (¿qué es discriminación?), lo que exige un importante trabajo interpretativo por parte del comité para determinar el alcance de sus disposiciones y su aplicación al caso en concreto. Así, el comité puede dar a cada disposición la interpretación que mejor le parezca, sin que necesariamente esté sustentada. Luego, se corre el riesgo de introducir conceptos políticos y así llevar a cabo mediante estas instancias una agenda propiamente política. Para muchos, los espacios internacionales son la arena para ganar las batallas que no se han podido ganar en sede legislativa o judicial, atribuyéndole una fuerza jurídica de la que carecen. En este supuesto, los debates políticos se terminan dando fuera de la institucionalidad nacional creada para ello y, además, se pierde la particularidad de lo local.

Con la declaración interpretativa prometida por Pla, el aborto podría quedar a salvo de esto (aunque en realidad, es dudoso que tenga efectos jurídicos), pero existen un sinfín de asuntos que requieren ser discutidos en nuestro país, y no en aquellas esferas frente a las que el propio gobierno había prometido mayor autonomía.