Los resultados preliminares del referéndum que Bolivia llevó a cabo el domingo recién pasado mostraron la contundente victoria del No. Con ello, se acaban las pretensiones de Evo Morales —y de su vicepresidente Álvaro García Linera— de postularse a un nuevo periodo en las elecciones del 2019. Según el conteo de los votos, el Sí habría obtenido el 45,8% del total, con triunfos en las zonas rurales y El Alto (regiones donde el MAS ha tenido un apoyo histórico), mientras que el No, con el 54,2% de los votos, se impuso en la mayoría de las ciudades capitales de las provincias del país. Pero más que un triunfo de la oposición, que ha tenido un escaso protagonismo los últimos años, este pareciera ser un triunfo de la democracia.

Los resultados muestran la división de Bolivia frente a un gobierno que, por un lado, ha tenido una administración exitosa que, en muchos aspectos, cambió el rostro del país en un decenio. Durante este periodo, Bolivia ha gozado de un crecimiento económico de alrededor del 5,5% anual durante el último lustro, convirtiéndose en un caso único para la región en un contexto de desaceleración. Con estos índices, la pobreza extrema se redujo en una cuarta parte y la no extrema bajó casi la mitad; y el PIB per cápita pasó de 1.137 a 3.122 dólares. Esto ha sido posible principalmente gracias a la nacionalización del gas y de otros recursos naturales, y a la exportación de commodities, combinado con un buen manejo económico del ministro Luis Arce Catacora, quien está detrás del llamado “milagro boliviano”.

Asimismo, cabe destacar el fomento a la educación hasta casi haber erradicado el analfabetismo en Bolivia; medidas de promoción social para la infancia y la tercera edad; grandes proyectos de infraestructura como la red de teleféricos más alto del mundo, que ha permitido la conexión entre los distintos sectores de la capital; y caminos y carreteras para la integración de las diversas zonas del país. Y qué decir con el tema marítimo ante el tribunal de La Haya, que mostró a un Evo y a su equipo encabezado por Carlos Mesa, con notable manejo de las relaciones internacionales. Con todo, su principal mérito es haber otorgado una voz política a la gran mayoría del país: a la población indígena que durante dos siglos se vio marginada de las decisiones políticas en manos de la élite blanca. De este modo, en una sociedad dividida y desigual en términos raciales y sociales, se percibe una real y creciente integración, que se traduce en una inusitada estabilidad.

La otra cara de la moneda tiene, sin embargo, aspectos negativos que explican, en parte, la derrota de Evo Morales. En los últimos meses han salido a la luz graves casos de corrupción dentro del gobierno, que llegan, incluso, a vincular al mismo Mandatario. Además, Bolivia enfrenta un serio déficit en materia de justicia que ha provocado violentas manifestaciones, como la que tuvo lugar en la municipalidad de El Alto la semana pasada. También se observa una tendencia autoritaria expresada en la persecución a sus adversarios políticos, el control y censura en los medios de comunicación, y en el uso muchas veces arbitrario de reformas legales para conseguir sus objetivos políticos.

En suma, aun considerando los notables logros de Evo y de su mano derecha, García Linera, el pueblo boliviano ha demostrado que alcanzar una verdadera madurez democrática exige, como regla básica del juego político, oportunidades constitucionales para la alternancia pacífica del poder. Como bien señalaba el historiador y político inglés Lord Acton en su célebre aforismo “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Es momento de que Evo abandone el poder, aunque la falta de liderazgos tanto en el oficialismo como en la oposición —que quedó demostrada en las amplias victorias electorales del líder cocalero— no muestra un panorama alentador. Pero se ha abierto el camino para una nueva fórmula política que pueda vencer al “socialismo andino” que, a pesar indiscutibles sus falencias, dejó la vara bastante alta para la política boliviana.

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