Columna publicada el martes 24 de agosto de 2021 por The Clinic. “Aquí el Estado dejará de ser un ente subsidiario”, se lee en el programa de Yasna Provoste, publicado una semana antes de su triunfo en la consulta ciudadana del pasado sábado. La fórmula obviamente es conocida, un mantra que políticos e intelectuales de izquierda han repetido hasta el cansancio durante la última década. Es, además, uno de los propósitos fundamentales de la nueva Constitución y de un eventual futuro gobierno de izquierda: desmantelar el Estado subsidiario. Pero ahora que la totalidad de los candidatos de izquierda responde a este paradigma “antineoliberal”, tal vez sea buen momento para dejar las etiquetas e intentar poner algo de orden en esta discusión. Quienes claman por el fin de la subsidiariedad típicamente anhelan un Estado más activo, y esto en múltiples planos. ¿Pero es eso acaso incompatible con la subsidiariedad? ¿Y qué significaría para la idea de sociedad civil el efectivo cese de ésta? Cuando diez años atrás nacía en Chile la nueva izquierda, estas preguntas podían omitirse sin daño a la honestidad intelectual, porque sobre la subsidiariedad reinaba una versión más bien pobre: la comprensión “abstencionista” de la misma. Así la pensaban de manera dominante tanto sus defensores como sus críticos. Pensar sobre el papel activo del Estado implicaba, entonces, rechazar la subsidiariedad, o bien –una tarea más ardua– darse el trabajo de revisar el uso que hacíamos en el país del concepto a la luz de su más larga trayectoria. Que la izquierda optara por el primero de estos caminos no podía extrañar: más culpa había tal vez en una derecha que no había ofrecido nada de reflexión sustantiva sobre lo que pretendía ser su concepto central. Pero una década más tarde las cosas han cambiado, o al menos han empezado a cambiar en rumbo a una discusión algo más rica sobre este concepto. Se ha enfatizado hasta el cansancio el hecho de que la subsidiariedad sugiere no solo abstenciones, sino también intervenciones; se ha dicho una y otra vez que es no solo criterio de asignación de recursos, sino antes una mirada sobre la autoridad; se ha descubierto, en fin, que sirve no solo para limitar al Estado, sino también para interpelar a la empresa y a la sociedad civil. Bajo tales condiciones ya no parece justificable que intelectuales y políticos de izquierda continúen ofreciendo respecto de ella un tan pobre elenco de frases hechas. Lo interesante, por lo demás, es que muchas de las preocupaciones más vivas en la actual discusión del país entroncan de modo claro con el núcleo de la idea de subsidiariedad tal y como se la entiende fuera de las estrechas fronteras de nuestra discusión pública. Se quiere más descentralización; se quiere atención a las voces locales (“los territorios”), se quiere pluralismo y espacio para la sociedad civil. Al mismo tiempo, por cierto, se dice querer un Estado de bienestar, y vale la pena preguntarse de qué manera este anhelo será compatible con los anteriores. En efecto, no se puede omitir la pregunta por la proporción entre el tamaño del que ayuda y el ayudado. Como apunta Chantal Delsol en su reciente traducción de El Estado subsidiario, “un gigante no suple las carencias de un liliputense”: o bien el gigante lo va a aplastar, o bien lo va a cargar. Para que, en cambio, haya colaboración, tiene que haber proporción. Hay modos sutiles de acción estatal que permiten el despliegue de la sociedad civil, pero hay también un actuar estatal que es de elefante en la cristalería, y que tiende a perpetuarse en el tiempo en lugar de saber cuándo retirarse. De lo anterior no se sigue, por cierto, ningún deber de abrazar la palabra subsidiariedad. Algunos pueden creer que ella está tan desgastada en nuestro país, que es mejor expresar lo que aquí importa apelando a la sociedad civil o a la primacía de lo local, que es mejor hablar de colaboración, pluralismo social, policentrismo y descentralización. Puede que tengan razón. También es probable, sin embargo, que si abandonamos el término sin mayor reflexión demos un paso hacia una mayor ceguera, que perdamos una oportunidad para notar la antropología política que está tras estas distintas preocupaciones que nos mueven. ¿Queremos descentralizar, medida subsidiaria, y al mismo tiempo negar la subsidiariedad en las restantes materias? Por lo pronto, dado que tampoco sus críticos optan por abandonarla, la palabra puede tal vez servir una vez más para exigirnos unos a otros la debida consistencia a la hora de pensar en estas materias. Es lo mínimo que requiere una deliberación constitucional.