Columna publicada el miércoles 21 de abril de 2021 por The Clinic. “Entiendo por desborde institucional una situación en que las reglas de juego (…) quedan sucesivamente en jaque, sin que necesariamente logren institucionalizarse nuevas reglas que las sustituyan”. Así describía el cientista político Juan Pablo Luna, en una columna del año 2016, el tipo de riesgos que enfrentaba Chile producto del creciente distanciamiento de las elites políticas respecto de la sociedad civil. Las razones del fenómeno eran muchas, pero aquí me interesa subrayar algunas de sus consecuencias: quienes conducen el país ya no conocen a la ciudadanía y, por lo mismo, los canales de mediación y procesamiento de los conflictos se vuelven progresivamente ineficaces. Aunque la hipótesis ya es conocida (fue usada como una de las variables explicativas del estallido de octubre), conviene recordarla hoy por el ejemplo que el académico eligió para ilustrar el peligro latente de un desborde institucional: el malestar con nuestro sistema de pensiones. Según Luna, si las protestas contra las AFP no eran mediadas de forma adecuada podían derivar en el “colapso” estructural del sistema, el cual se vendría abajo sin que hubiera nada en su reemplazo. Lo que era sólo una ilustración terminó siendo, trágicamente, una predicción bastante exacta de nuestro futuro. Hoy asistimos al derrumbe del modelo previsional chileno –cuyos problemas y tareas pendientes se conocen hace más de una década– sin ninguna alternativa en el horizonte. La oposición, desesperada por conectar ahora con aquello que debió identificar hace años, presenta como agenda propia retiros sucesivos de unos fondos que hace rato ya no llegan a los que más los necesitan. Así lo confirmó esta semana el presidente del Banco Central, mostrando que en los próximos retiros el segmento más pobre sacará nueve veces menos que el grupo más rico. Una nueva expresión de la segregación de nuestro país, amparada ahora activamente por los parlamentarios. Pero nadie quiere reconocer que ahí no hay agenda alguna. Todos hacen oídos sordos, concentrados únicamente en un cálculo electoral que, de paso, sirve para seguir golpeando a un gobierno que está en el suelo (y que una vez más fue incapaz de anticiparse a esta coyuntura). Si bien la oposición intenta vestir su iniciativa como una política desesperada al servicio del pueblo (al que el presidente Piñera habría abandonado deliberadamente, para usar las palabras de la candidata Paula Narváez), lo que en realidad hace es profundizar aún más la crisis de nuestra ya precaria institucionalidad. En lugar de ofrecer alternativas y asumir los costos de tomar medidas que pueden generar descontento –porque nada es fácil en circunstancias como las que vivimos–, han preferido rendirse por completo a lo que supuestamente dice “la calle”. Pero nada más peligroso que asumir que aquello que “la calle” levanta es evidente. La sociedad consiste en una realidad demasiado diversa y contingente, que requiere justamente de una política capaz de interpretarla y ofrecerle caminos alternativos de realización compartida. Sin embargo, como vienen diciendo hace tiempo Luna y otros autores, esa elite política ya no conoce a su sociedad. En rigor, la defensa del retiro de fondos de pensiones no es más que la mascarada de una clase política que pareciera haber renunciado a su vocación. No ven que, para echar abajo el sistema, su mediación no era necesaria. Lo más curioso de todo es que el deterioro de la política se suponía patrimonio exclusivo de la amenaza populista. Sin embargo, no fue necesaria la llegada de un líder carismático para, usando los términos de Luna, desbordar la institucionalidad. Fue la clase política por su propia cuenta la que quebró las reglas vigentes antes de haber establecido las que van a regirnos en el futuro: siempre es más fácil destruir. Muchos podrán decir hoy día que el avance de esta agenda es responsabilidad de la diputada Pamela Jiles que, por una estrategia sofisticada y recursos despreciables, tendría al Congreso entero (oficialismo incluido) bailando a su ritmo. Pero Jiles no es más que la consecuencia de un proceso que empezó mucho antes. Ella viene a capitalizar la renuncia de la clase política a hacerse cargo del destino del país. Y por eso ella puede, con tanta eficacia, decir que es la única que se preocupa del pueblo. ¿Quién podría creer a figuras que hoy rasgan vestiduras contra el sistema, pero que por años lo defendieron, no promovieron reforma alguna o simplemente cambiaron de opinión en función del variable dictado de las encuestas? Las condiciones del desborde al que asistimos, y que genera un fundado temor por la instalación de Jiles como alternativa presidencial, son anteriores a ella. En ese sentido, contenerlo requiere no tanto de cercos sanitarios mediáticos, pues en la práctica apoyan la misma agenda, sólo que con ropajes aparentemente más sofisticados. Lo que necesitamos en cambio es un trabajo más silencioso y menos rentable, donde la política abandone el desmontaje nihilista en que la han convertido, para rehabilitarla como instancia de proyección colectiva hacia el futuro.