Columna publicada el 06.01.19 en La Tercera.

Es inconsistente que la UDI condene en nombre de la libertad de expresión la propuesta de la llamada “ley mordaza”, y que al mismo tiempo pida las penas del infierno en contra del diputado Gabriel Boric por haber recibido con una sonrisa una polera con la portada de un disco en la que se representa a Jaime Guzmán baleado. El mal gusto -del que varios en la UDI son también cultores- está amparado bajo esa libertad, y no hay mucho más que decir sobre el caso, especialmente si el propio Boric reconoce su acto como equivocado, pide disculpas y destaca que no justifica bajo ningún punto de vista el asesinato de Guzmán.

La verdadera discusión es sobre si debe estar permitido defender en público el asesinato del exsenador. Es sabido que sectores de la izquierda, especialmente de aquella representada por el Frente Amplio y el Partido Comunista, homologan dicho acto con un tiranicidio. Por eso las disculpas de Boric fueron mal recibidas en esos sectores.

Es claro, por otro lado, que quienes dicen eso no tienen mucha idea de lo que están hablando, ya que el caso de Guzmán no calza con ninguna de las exigencias de aquella figura. Pero eso da igual. La pregunta, como ya dije, es si debemos tolerar, como comunidad política, que digan ese tipo de cosas en público. La misma duda de la “ley mordaza”. Y me parece que no son solo las abstracciones de los principios liberales de justicia las que aconsejan dicha tolerancia, sino también el sentido práctico.

Prohibir contenidos específicos en el espacio público es la mejor manera de hacerles propaganda. Muestra que el poder, el orden establecido, tiene miedo a esos contenidos, y eso los vuelve tentadores. No son pocos los libros promocionados con bandas relativas a su prohibición o censura. El miedo de los poderosos, además, entrega a quien consume dichos contenidos cierta certeza respecto a su verdad ¿Por qué los poderosos prohibirían algo falso?
Además, cuando estos contenidos están vinculados a ciertos grupos, esos grupos pueden victimizarse. Son ahora perseguidos políticos, y ya conocemos el prestigio del que gozan las víctimas en contextos culturales cristianos. Las leyes mordaza, así, entregan pieles de oveja a los lobos.

En tercer lugar, estas prohibiciones entregan un poder regulatorio al Estado que es de por sí peligroso. Se presentan como excepcionales, pero lo cierto es que cualquier mayoría circunstancial podrá el día de mañana calificar como “discurso de odio” cualquier contenido que le parezca molesto. No es sabio entregarle al Estado el poder de distinguir entre discursos permisibles o no permisibles. Es por esto que en El Federalista los autores defienden que la libertad de prensa no esté asegurada por la Constitución: temen que de una disposición como esa se infiera que el Estado tiene deberes regulatorios en ese ámbito, abriendo la puerta a que dicha libertad sea coartada en nombre de ella misma.

Por último, tratar de abolir la posibilidad de que existan interpretaciones distintas e incongruentes de los mismos procesos históricos es, en cierta medida, tratar de abolir la política, con la esperanza de que ella nunca más nos lleve a callejones sin salida. Y eso parece un gesto ridículo e inútil, como tapar el sol con un dedo.