Carta publicada el domingo 13 de marzo de 2022 por El Mercurio. Señor Director: El pleno de la Convención Constitucional aprobó en general el “deber del Estado” de asegurar “una política única de educación sexual integral, de carácter laico, desde la primera infancia”, la que debe ser “incorporada de forma transversal y específica en las políticas públicas de educación, salud y otras pertinentes”. La norma indica, además, que se debe promover “el disfrute pleno y libre de la sexualidad, enfocada en el placer; la responsabilidad sexo-afectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento”. Si antes en comisión ya se rechazó reconocer el derecho preferente de los padres a la educación de sus hijos, ahora se niega en forma expresa esa posibilidad. Con ello, el pleno no solo desconoce la autonomía de las comunidades educativas, sino que atenta contra un sentido común ampliamente extendido en la ciudadanía: poder formar a los propios hijos en las miradas de las que cada uno es heredero. Pero conviene notar algo aún más grave: los visos derechamente arbitrarios y autoritarios que asoman en la redacción de las normas, al establecer al Estado como la instancia a cargo de definir, imponer y uniformizar las visiones de mundo en materias tan sensibles e íntimas como la sexualidad, queriendo reducir la pluralidad del mundo a una sola mirada impuesta desde arriba. No se trata de desconocer la relevancia pública de estos temas, pero sí de mostrar los graves peligros que implica la propuesta de la Convención. Es paradójico y triste que el mismo organismo que tanto se jacta del pluralismo atente de modo tan grosero contra la diversidad educativa y social. Claudio Alvarado R. Josefina Araos B. Instituto de Estudios de la Sociedad (IES)