Columna publicada el 15.04.19 en The Clinic.

Menos del 4% de los establecimientos educacionales que reciben financiamiento público en Chile están diferenciados por sexo. Sin embargo, lo bajo de aquella cifra no ha impedido que la demanda por derribar esa distinción haya alcanzado revuelo durante los últimos días. A la polémica votación realizada por el Instituto Nacional —que inicialmente dio como resultado mantener su modelo de educación masculina, pero que, al ser denunciada como fraudulenta, llevó al alcalde Alessandri a anunciar cambios al respecto— se sumó luego el recurso de protección que el diputado Gabriel Silber (DC) y el abogado Andrés Parra interpusieron a favor de una menor de edad que acusó discriminación por no poder estudiar allí.

Sin entrar en la pregunta si acaso un procedimiento judicial es la mejor instancia para resolver una diferencia acerca de modelos educativos, cabe plantearse una interrogante previa, que parece por todos resuelta: ¿es acaso el modelo de educación mixta el único válido para los establecimientos públicos? Al denunciarse dicha práctica como una evidente discriminación injusta o como una tradición “retrógrada” no se están planteando argumentos a favor de una u otra alternativa, sino que simplemente se está clausurando un debate sobre el modo en que se comprenden las alternativas dentro de nuestro sistema educativo. Por supuesto que es necesario promover una sociedad más inclusiva y con mejores oportunidades para las mujeres, pero de ahí a concluir todas las organizaciones de las que se compone una sociedad —incluidas las escuelas— deban regirse por un principio de inclusión sexual hay un paso importante que no es evidente.

No cabe duda que las escuelas son instituciones privilegiadas para fomentar la integración, evitar la discriminación y enseñar a vivir de acuerdo con ciertos valores de justicia y dignidad que son compartidos por todos. Los desafíos que enfrenta cualquier ciudadano no pasan solamente por la adquisición de ciertos conocimientos y habilidades profesionales (aunque no debiésemos olvidar que nuestras tasas de analfabetismo funcional son altísimas y debieran ser parte de una discusión mucho más urgente). Esos desafíos remiten también al modo en que aprendemos a comportarnos con otros, cualquiera sea su origen, sexo, condición socioeconómica, etnia, etc. Ahora bien, ¿por qué las instituciones educativas que distinguen por sexo pasaron a considerarse sin apelación alguna como inválidas? ¿No debiera fomentarse, acaso, la pluralidad de proyectos de acuerdo con el interés de las comunidades de base? ¿Cuál es el principio de justicia que obliga que todo colegio sea mixto por definición? Esta disyuntiva, ciertamente, establece un desafío para quienes defienden la educación diferenciada, pues se hace necesario mostrar de manera positiva las ventajas que trae para el proceso formativo una distinción de esta naturaleza.

Además de unos supuestos que están lejos de ser autoexplicativos —hay que avanzar hacia una educación mixta, dejando de lado los resabios del antiguo régimen—, proponer la obligatoriedad de un modelo integrado por sexo reduce las opciones de miles de familias que legítimamente podrían querer otro tipo de educación para sus hijos. ¿No son esas familias, acaso, las que también podrían tener algo que decir al respecto? Además, si una eventual medida en esta dirección rigiera solamente en los colegios que reciben financiamiento del Estado (porque, hasta el momento, nadie ha mencionado cambios en esta dirección en los colegios privados), el sesgo socioeconómico de esta medida se vuelve evidente.

Desde hace más de diez años la educación es el centro de nuestras discusiones públicas, y se piensa en ella como una bala de plata: todos los problemas de nuestra sociedad se solucionarían mejorando la educación. No cabe duda de que muchas de nuestras deudas en integración o discriminación, incluyendo aquellos vinculados a temas de sexo y género, pueden trabajarse desde las etapas tempranas de la educación. Sin embargo, dista de ser evidente que la solución sea instalar un sistema uniforme, o que la transición a un sistema de ese tipo tenga que pasar por encima de comunidades educativas que legítimamente —sin fraudes— deciden un curso de acción diferente. Es necesario, por el contrario, abrir espacios para que padres y comunidades educativas puedan elegir dentro de diversos modelos posibles.