Columna publicada el 13.05.18 en El Mercurio, escrita por Claudio Alvarado y Manfred Svensson.

Los niños primero. Basta de abusos. Al apostar por la imprescriptibilidad en los delitos sexuales contra los niños, el Gobierno ha logrado unir dos hondas preocupaciones, ganando así el aplauso de partidarios y opositores. Solo el gruñido de ciertos abogados, preocupados por los quiebres demasiados radicales con su tradición, hacen algo de ruido en el trasfondo. Sin embargo, antes de rechazar la prescripción como si se tratara de un instrumento a favor de la impunidad, parece fundamental recordar los motivos que explican su existencia. Algunas de esas razones remiten, efectivamente, al Derecho y a la política criminal. Ellas guardan relación con la necesidad de posibilitar a todos un debido proceso, en especial a aquellos que no cuentan con los medios para acceder a los mejores litigantes. Con el paso del tiempo aumentan las dificultades probatorias, y la certeza jurídica que cabe propiciar en el sistema disminuye de modo paralelo. A este tipo de razones cabe añadir, asimismo, determinadas consideraciones técnicas que tampoco se pueden despreciar. ¿Se encuentra, por ejemplo, el Servicio Médico Legal en condiciones de enfrentar casos 40 o 50 años después de ocurridos? Con todo, también resulta crucial advertir que los argumentos en torno a la prescripción no son únicamente de naturaleza técnico-jurídica. Aquí se juega no solo la legitimidad de los procesos judiciales, sino también las expectativas que la ciudadanía pone sobre la justicia. Y ese tipo de consideraciones son particularmente pertinentes si recordamos el clima político que exhibe de modo creciente nuestra civilización. Entre otras características, ese clima se caracteriza hace ya media década por la indignación como móvil político. En tal contexto, el rechazo a la prescripción corre el riesgo de no restringirse a los casos particulares que motivan la inquietud por cómo proteger mejor a nuestros niños, sino de transformarse en una aspiración de algo así como una justicia infinita. Desconocer el carácter finito de aquello que la justicia humana puede lograr es un riesgo considerable. No en vano la eliminación de la prescripción es una excepción que en principio solo estamos dispuestos a hacer respecto de quienes percibimos como monstruos. Así es como se levantó la prescripción respecto de los crímenes de lesa humanidad, así es como se levanta ahora respecto de los abusos a menores. Pero nadie sabe quién cabrá en la categoría de monstruo en una próxima generación, y eso debiera generar más de una reflexión. Olvidar los límites dentro de los que cabe buscar justicia presenta además otros inconvenientes. Se favorecen expectativas difíciles de cumplir, y de modo paralelo se crea un contexto en que el carácter multidimensional del problema puede empezar a perderse de vista: para enfrentar los abusos a los menores necesitamos bastante más que esta clase de medidas, cuya eficacia tampoco es segura. En suma, parece muy difícil negar que hay razones por las que deben ampliarse los límites a la prescripción de los delitos sexuales contra menores. El punto es que, para evitar el populismo penal, tal ampliación debe hacerse esgrimiendo las razones específicas que lo permiten en tal caso y, por tanto, extendiendo los plazos en la estricta medida que dichas razones lo demanden. A fin de cuentas, acá hay distintos bienes en juego, y uno no menor consiste en dar lugar a procedimientos idóneos para los propósitos políticos y sociales que subyacen a las herramientas penales. No es claro que la imprescriptibilidad apunte en esa dirección.