Luego del fallo de La Haya, y aunque algunos han criticado la política de “cuerdas separadas”, nadie cuestiona que las relaciones exteriores deben ser abordadas con una visión de Estado, y no de política partidista. En rigor, existe un acuerdo transversal sobre cómo debemos conducir nuestras relaciones internacionales: desde la presentación misma de la demanda por parte de Perú, la defensa nacional se vio fuertemente respaldada por la totalidad de la dirigencia política nacional, próximo Gobierno inclusive.

Esta visión de Estado, que representa un activo para el país, debiera servirnos para reflexionar sobre los desafíos que las RR.EE. impondrán a Chile durante los próximos años. Uno de estos desafíos, a veces ignorado, consiste en la creciente importancia que ha adquirido la jurisdicción internacional en materia de Derechos Humanos. Se trata, en principio, de una excelente noticia: el sistema internacional de DD.HH. está llamado a garantizar derechos y libertades fundamentales, y ello resulta especialmente significativo en países como el nuestro, en el que hace no tanto tiempo sufrimos una espiral de violencia política, cuyo punto cúlmine fue la tortura, homicidio y desaparición de miles de compatriotas.

Sin embargo, como todo fenómeno humano, el sistema internacional de DD.HH. también presenta problemas. Ya lo advertía Charles Malik, uno de los principales artífices de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pocos años después: “Aquellos de nosotros que hemos seguido de cerca este proyecto desde San Francisco, nos damos cuenta ahora que subestimamos las dificultades y la complejidad del asunto”. Las palabras de Malik, hoy en día, resultan proféticas: en diversas partes del mundo –Inglaterra ofrece ejemplos paradigmáticos– reputados juristas, litigantes y jueces ponen en entredicho diversos aspectos del sistema.

Entre esos aspectos problemáticos, destaca la falta de frenos y contrapesos con que operan los tribunales internacionales de DD.HH. Si en Chile existe cierto escepticismo respecto del carácter contramayoritario de la Constitución y del Tribunal Constitucional –el debate constitucional así lo ha mostrado–, no podemos ignorar este asunto. En especial cuando nuestra defensa, como Estado de Chile, ante los tribunales internacionales, no está debidamente garantizada: la decisión de realizar una defensa jurídica contundente ante una denuncia o demanda en un organismo internacional de DD.HH. depende exclusivamente del gobierno de turno.

El asunto no es secundario: hoy en día Chile está denunciado por temas polémicos, relativos, por ejemplo, al matrimonio y la paternidad por parte de parejas homosexuales. El día de mañana podría estarlo por cuestiones vinculadas a los pueblos originarios y/o la relación entre empresas y DD.HH. En cualquier caso, se trata de asuntos que distan de ser pacíficos y, por lo mismo, el panorama actual es preocupante: si el gobierno de turno considera que una determinada condena es congruente con sus fines político-partidistas, puede omitir la defensa o incluso allanarse sin mayores problemas.

Una mínima preocupación por el debido proceso y las garantías judiciales obligan a tomar medidas al respecto. Pareciera muy razonable, por ejemplo, pensar en una institucionalidad autónoma, de carácter técnico-político y de composición pluralista, que tenga el deber expreso de defender a nuestro país ante organismos internacionales de DD.HH. Ello ayudaría a garantizar la primacía de la visión de Estado, por sobre la política partidista. Porque si tenemos un Consejo de Defensa del Estado para asuntos internos, ¿cómo no pensar en algo similar cuando lo que está en juego es la soberanía nacional?