Carta publicada el domingo 11 de abril de 2021 por La Tercera. ¿Cómo leer el nombramiento de Patricio Melero —alcalde designado entre 1985 y 1989, y diputado desde 1990 hasta esta semana— en el ministerio del trabajo? Por de pronto, como una confesión implícita de falta de personal. Después de todo, ¿cuántos dirigentes con trayectoria y comprometidos con algunas posiciones básicas (como el rechazo a los retiros del 10%) estaban disponibles? El equipo ministerial “sin complejos” y la quincena de cambios de gabinete posteriores dejaron demasiados heridos en el camino. Hay una coalición que recomponer, y un recambio generacional que apurar. La designación, además, revela cierta resignación de La Moneda. En pocos meses se transitó desde un principio de acuerdo en la agenda de pensiones, comandado por la dupla Briones y Zaldívar, hasta un punto muerto en el diálogo. Por desgracia, nada permite asumir que el ministro Melero será capaz de reencauzar las negociaciones. Así, pareciera esfumarse la última posibilidad del gobierno para concretar una reforma indispensable. Este escenario exige ir más allá de los problemas del oficialismo. Ha pasado más de un lustro desde que la Comisión Bravo entregó sus conclusiones, y todavía no hay avances en materia de pensiones. Por supuesto, en este fracaso han influido factores coyunturales —la lógica presidencial de estirar el elástico hasta romperlo, la psicología de octubre, la pandemia—, pero no sólo eso. Existe un creciente e insostenible bloqueo del sistema político, y destrabarlo quizá sea la tarea más relevante de la Convención Constitucional. En ese sentido, el nombramiento ministerial del exdiputado Melero ofrece algunas pistas para esa tarea. Se deben favorecer las mayorías parlamentarias, para que los gobiernos puedan ejecutar sus programas. Y también hay que sopesar las masivas críticas que genera la facultad de los partidos para reemplazar a los parlamentarios que pierden su cupo. Cabe plantear elecciones complementarias, o un sustituto conocido antes de la elección. Pero, sobre todo, cabe formular una pregunta más de fondo, relativa al régimen político. ¿Conviene, en las circunstancias actuales, pensar en un jefe de gobierno electo por las cúpulas partidarias? ¿Es razonable sustraer esa elección de la ciudadanía? ¿Aceptaría eso el Chile de hoy?