El formato pudo ser mejor y siempre quedan temas pendientes, pero no puede negarse que el debate televisivo del Pacto Nueva Mayoría fue un avance: permitió observar a Bachelet, Gómez, Velasco y Orrego confrontando posiciones sobre muchos de los temas más discutidos en la actualidad. Con todo, tanto o más importante que las divergencias son los puntos de encuentro, especialmente cuando, frente a temas tan distintos como los problemas en educación, una eventual asamblea constituyente, su opinión respecto al aborto o los problemas de nuestra matriz energética, los candidatos ofrecen una manera común de enfrentar los problemas: la mirada de los derechos.

Si algo se repitió en el debate del lunes fue la importancia de que el Estado garantice los derechos de las personas. No se precisaron ni los “cómo”, ni los “cuándo” ni los “cuánto”, pero pareciera que ello no importaba con tal de reiterar algunas ideas: “la educación es un derecho social”, “la Constitución debe reconocer los nuevos derechos”, “nadie puede negar los derechos reproductivos”, tampoco “el derecho al amor”, etc. Prácticamente frente a cada tema en discusión, los candidatos apelaban a los derechos de las personas.

Obviamente esto tiene mucho de positivo. La apelación a los derechos humanos implica la afirmación de una postura en favor de la dignidad humana y contraria a los abusos y al ejercicio arbitrario del poder. Además, nos recuerda que no todo es tan relativo como pretendemos y que sin respetar ciertas exigencias básicas de justicia una sociedad no puede colaborar a que sus miembros lleven una vida más plena.

Sin embargo, lo anterior no impide cuestionar nuestra creciente tendencia a referirnos a los asuntos públicos más relevantes exclusivamente en función de derechos, abordados además de manera vaga e imprecisa. ¿Es razonable esta tendencia? ¿No presenta problemas el caracterizar muchas de nuestras legítimas diferencias como conflictos de derechos formulados en genérico y sin especificaciones.

Como explicara hace mucho tiempo Mary Ann Glendon en “El lenguaje de los derechos”, es importante comprender el flaco favor que hacemos a los derechos de las personas cuando nos referimos a ellos de manera simplista e irreflexiva: expresarnos así en el debate público no es inocuo, porque vulgarizamos el sentido que le damos a las palabras; dificultamos el diálogo con quienes discrepamos; omitimos las responsabilidades cívicas y personales; estimulamos expectativas irreales que suelen intensificar los conflictos sociales; en fin, aumentamos el riesgo de degradar los derechos convirtiéndolos en una mera expresión de deseos ilimitados, olvidando la contingencia propia de todo lo humano.

¿No vimos algo de esto en el debate del día lunes? Más aún, ¿no es frecuente escuchar declaraciones que buscan, cualquiera sea el derecho invocado, que éste se imponga a priorisobre cualquier otra consideración? Quizá lo más grave es que al referirnos a los derechos de manera irreflexiva vaciamos aún más el discurso político, y por eso no sorprende que en el foro organizado por Canal 13 y CNN Chile, al mismo tiempo que se anunciaban transformaciones extremadamente ambiciosas, en general se silenciaran las formas de financiarlas y de llevarlas a cabo.

Tal como recuerda Glendon, si algo necesita una auténtica democracia son procesos de deliberación libres y razonados, sin los cuales se debilita una empresa colectiva que, en gran parte, depende de la calidad y continuidad de la reflexión. Por eso es tan importante que nuestros líderes políticos y sus equipos den el ejemplo en estas materias y, al menos, se cuestionen cuándo conviene abordar un problema como derecho; cómo se justifica racionalmente tal o cual derecho; cuál es la relación que ellos deberían tener con otros derechos, intereses, costos o responsabilidades; y cómo se vinculan los derechos con los fines hacia los que se anhela orientar la vida social.

En definitiva, cada vez es más claro que la política está llamada a abordar temas económicos, sociales, energéticos y ambientales particularmente complejos, lo que obliga a pensar los asuntos públicos de manera creativa y con miras al largo plazo. Para ello no es bueno seguir el camino del lenguaje simplista e indiferenciado sobre los derechos, y en eso la ex Concertación quedó al debe, al menos por el momento. La pregunta es si el oficialismo marcará diferencias en este ámbito o si, por el contrario, sólo contribuirá a vaciar aún más el discurso político.