Columna publicada el jueves 7 de abril de 2022 por Ex-Ante. No es casual que la Constitución vigente lleve la firma del expresidente Ricardo Lagos y sus entonces ministros Nicolás Eyzaguirre, Yerko Ljubetic y Yasna Provoste, entre varios otros emblemáticos dirigentes de centroizquierda. Después de todo, el gobierno de Lagos fue el último que logró sacar adelante un cambio constitucional exitoso. Sus reformas del año 2005 dejaron tareas pendientes —como todo proceso democrático—, pero se tradujeron en múltiples y significativas modificaciones institucionales, valoradas transversalmente en su minuto. Ningún mandatario posterior ha podido repetir esa proeza. En el caso de Michelle Bachelet, ella advirtió con cierta lucidez que el pacto constitucional de la transición venía agonizando y, en consecuencia, propuso abrir un proceso constituyente “democrático, participativo e institucional”. Dicho proceso, sin embargo, quedó inconcluso. Aunque suele decirse que la derecha fue la principal responsable, ello es sólo parcialmente cierto. Es verdad que este sector, salvo escasas excepciones, careció de visión de Estado y nunca comprendió la oportunidad que ofrecía esa agenda. Pero si el itinerario constituyente no avanzó más bajo el gobierno de la Nueva Mayoría fue, fundamentalmente, por la división de las izquierdas. Prefigurando las diferencias actuales entre el socialismo democrático, el Frente Amplio y el Partido Comunista, la expresidenta nunca consiguió generar las condiciones políticas para impulsar una hoja de ruta unitaria y mayoritaria en materia constitucional. Con todo, antes de abandonar La Moneda, Michelle Bachelet ingresó al Congreso un proyecto de nueva constitución cuyo contenido buscaba articular la continuidad y el cambio en la esfera institucional; no era pura ruptura. Este proyecto le ofrecía una nueva oportunidad a la centroderecha y, en particular, al segundo gobierno de Sebastián Piñera: era el momento para conducir un proceso de renovación y relegitimación de nuestras instituciones. De hecho, existieron voces que recomendaron públicamente un pacto intergubernamental en esa línea, y así aprovechar el texto legado por la expresidenta Bachelet. Pero, como es sabido, el flamante gobierno “sin complejos” rechazó en forma expresa esa alternativa. Visto en retrospectiva, no deja de sorprender el abrupto giro de Sebastián Piñera entre esa precipitada decisión inicial y los días previos al Acuerdo del 15 de noviembre. El círculo del expresidente siempre podrá argüir que, en la hora más oscura del Chile posdictadura, Piñera le dio una última opción al diálogo. Pero hay también otra manera de verlo: pocas cosas revelan tan nítidamente el grave vacío de poder que se produjo en el país como el hecho de que, en esas críticas circunstancias, el Presidente de la República se haya limitado simplemente a restarse y desaparecer de la escena, perdiendo toda capacidad de influencia y cediendo toda la iniciativa política a los partidos con representación parlamentaria (es ahí, dicho sea de paso, donde se incuba el parlamentarismo de facto). La gran pregunta hoy es qué tipo de liderazgo asumirá el presidente Boric ante el crispado proceso constituyente en curso. ¿Se restará o intervendrá? ¿Cuánto y cómo, con qué límites y propósitos? Hasta ahora, ad portas de cumplir un mes en La Moneda, sus señales son erráticas: ha dicho que no quiere una carta “partisana” y que las encuestas que muestran un crecimiento del rechazo al trabajo de la Convención “son preocupantes”, pero antes señaló que “cualquier resultado” sería mejor que el texto vigente. El ministro Giorgio Jackson fue incluso más allá y afirmó hace poco más de una semana que “el plebiscito de salida va a determinar cuánta fuerza tenemos para implementar nuestra agenda transformadora”, identificándose así acrítica y temerariamente con el avance de un órgano cada vez más cuestionado. Boric y Jackson harían bien en examinar con cuidado nuestra historia reciente. Más allá de las diferencias de contexto, la experiencia de las últimas dos décadas sugiere que ni las grandes votaciones ni los programas de gobierno orientados en uno u otro sentido garantizan un cambio constitucional exitoso. Conseguirlos depende, en gran medida, de que La Moneda ejerza un liderazgo político convocante y a la altura de las circunstancias, capaz de articular grandes mayorías y generar condiciones suficientes de transversalidad política. Nada indica que ellas existan en la actualidad.