Columna publicada el 06.04.19 en La Tercera.

Cambiar la Constitución no es un asunto popular ni urgente, y eso lo sabe perfectamente el nuevo presidente del Senado, Jaime Quintana. ¿Por qué entonces propone esta causa como su gran cruzada? La respuesta no la encontraremos buscando en profundidades jurídicas ni políticas. Sabemos, en todo caso, que Quintana no las frecuenta. De hecho, su justificación ha sido apenas lugares comunes genéricos sobre la dictadura. La razón de fondo está en la superficie: a estas alturas, lo único que puede unir a la izquierda son la desgastada imagen del dictador y la idea abstracta de que “hay que cambiar las cosas”. Cualquier idea más sustantiva la divide en mil pedazos, por lo que deben buscar la unidad en la mera forma. Si la causa es “cambiar la Constitución”, cada lote puede rellenar ese cambio con la fantasía política que prefiera. Pinochet, en tanto, opera como un espantajo ritual, que recuerda a los miembros de la tribu que hay un enemigo común, una especie de demonio inmortal multiforme, que sólo la unidad de la izquierda puede exorcizar.

El llamado político de Quintana se dirige, entonces, hacia afuera, hacia el debate público, pero sus fines son internos. Algo similar a la política exterior boliviana en relación a Chile. Así, el presidente del Senado salta desde la infame retroexcavadora, a tratar de conducir una hormigonera -esos camiones con un tambor ovalado donde se mezcla el concreto-. Ambas maquinarias suenan parecido, pero cumplen funciones muy distintas.

¿Cómo debe enfrentar el gobierno este movimiento de la oposición? Ante todo, con calma. Una reacción histérica (algo común en la derecha) sería el peor error táctico. Debe tenerse una actitud de diálogo, aún sabiendo que el fin de quien propone el tema no es dialogar, y dársele un espacio al asunto proporcional a su importancia en la opinión pública: seminarios y comisiones. De esta forma, se gana control político sobre dicha agenda, en vez de magnificarla tratándola como si fuera un meteorito.

Pero la movida de Quintana revela, además, otra realidad: la prioridad política de la izquierda parece ser buscar cualquier tipo de unidad. Luego, los esfuerzos del gobierno por buscar acuerdos probablemente fracasen. Dado que no tiene prioridades concretas comunes, la oposición es abstracta y, por lo tanto, total. Frente a esto, el gobierno debería mantener su agenda pro-crecimiento económico y seguridad, por un lado, pero levantar con toda la fuerza posible su agenda social, por otro. En medio de la confusión, seguir tomando las banderas de la Concertación parece su carta más segura. La opción preferencial por los débiles, la rehabilitación de presos y drogadictos, la prioridad por las primeras etapas educativas, la lucha contra los abusos de las empresas y la famosa “red clase media protegida” deberían ganar mucho más protagonismo. Si Piñera quiere poner a la oposición entre la espada y la pared y proyectar a su coalición por cuatro años más, debe mostrarse capaz de señalar un ideal de desarrollo tanto social como económico, y pedir el apoyo electoral de la ciudadanía para avanzar en ese sentido, haciendo que la izquierda pague los costos de dedicarse a un obstruccionismo sin horizonte.