Columna publicada el 06.08.19 en El Líbero.

La semana pasada, el Presidente se reunió con algunos representantes de Chile Vamos para discutir la mejor manera de llevar a cabo uno de los compromisos más importantes anunciados en la última cuenta pública: reformar instituciones que, como el Congreso, el Poder Judicial o el Ministerio Público, hoy se encuentran cuestionadas.

Una de las sugerencias que diputados y senadores oficialistas le hicieron fue postergar el envío del proyecto de ley a fin de dar prioridad a otros proyectos que se encuentran en tramitación, como las “reformas sociales”. Parte de la oposición reaccionó rápidamente: a su juicio, se trataría de una señal más de la falta de relato y de claridad en las prioridades del gobierno de Sebastián Piñera. Por supuesto, la actual administración (que aún no asume una posición respecto de la sugerencia recibida) niega que se trate de una falta de compromiso. Por el contrario, lo que busca es justamente cumplir con todo lo prometido y llevar a cabo las reformas de la mejor manera posible. En palabras del presidente: “tenemos que hacer todo y hacer todo bien”.

Más allá de que el actuar del gobierno a ratos dé la impresión de ser precipitado, la crítica que han formulado ciertos sectores de la oposición parece ser apresurada y liviana. Presentar a priori el retraso del proyecto como incumplimiento o contradicción pierde de vista que la idea de gobernar supone idear la mejor estrategia para alcanzar aquellas metas que, con miras al bien común, cada gobierno se propone. Manejar los tiempos o lograr acuerdos están lejos de ser una merma al compromiso una vez adquirido; por el contrario, son cruciales para alcanzarlo. Esto es especialmente relevante en tiempos tan agitados como los nuestros, que presionan por soluciones rápidas y fáciles para problemas que son, sin embargo, altamente complejos.

Pero, además, esta crítica pierde de vista que el objetivo de reformar instituciones es quizás uno de los desafíos que más detención requiere, pues implica poner atención a consideraciones sustantivas. Embarcarse en este proyecto no es mera administración, sino que corresponde nada menos que al diseño del orden social en el cual se gobierna. De ahí la importancia de formular buenas propuestas, que respondan a una deliberación seria y que atiendan a criterios relevantes.

En ese sentido, la propuesta de Lon Fuller, profesor de la Universidad de Harvard y una de las voces más notables de la teoría del derecho del siglo XX, puede iluminar la formulación de las reformas. En su libro “La moral del derecho” (IES, 2019), Fuller muestra que las formas no son meros instrumentos, sino que tienen un valor moral propio. Es decir, no son solo una condición de eficacia para lograr ciertos fines, sino que contienen una comprensión específica de la persona. En efecto, cumplir con determinadas exigencias formales implica entender que la persona es un agente responsable, capaz de comprender y seguir reglas. Si no lo fuera, no habría necesidad de ellas ni de procedimientos. Por eso, para Fuller cualquier desviación de dichas exigencias es una “afrenta a la dignidad del hombre”. En el caso de la reforma institucional, el argumento exige que ella ponga especial atención a los mecanismos y procedimientos a través de los cuales las instituciones logran sus fines particulares. Esto justifica un tiempo razonable para deliberar y pensar el diseño de los sistemas de nombramiento, la composición y las formas de organización de las instituciones que se quieren reformar.

Si queremos reformar nuestras instituciones de manera adecuada y eficaz, será necesario no solo contar con un horizonte temporal largo –que obliga a generar acuerdos y superar las rencillas– sino también aprovechar ese tiempo y esa detención para encontrar las mejores “formas” que nos permitan enfrentar los desafíos que tenemos por delante.