Carta publicada el viernes 9 de julio de 2021 por El Mercurio. Señor Director: Ante el debate sobre los supuestos “presos políticos de la revuelta”, ayer muchos convencionales señalaron que el proceso constituyente es fruto del 18 de octubre de 2019. La destrucción, el saqueo y el vandalismo fueron “necesarios” —se dijo—, en la medida en que hicieron “posible” la Convención. Me temo, sin embargo, que estos convencionistas cometen tres errores. El primero es que esos brutales e injustificables hechos delictivos no tenían norte conocido ni constructivo. El segundo es que, quizá sin notarlo, conceden el punto de quienes rechazan el cambio constitucional por su vínculo con la violencia. Y el tercer error es que tanto el plebiscito de entrada como la Convención derivan directamente del Acuerdo del 15 de noviembre de 2019, cuya finalidad fue canalizar la crisis, no perpetuarla. Es indudable que la movilización social, simbolizada en la “marcha más grande de Chile”, también jugó un papel significativo. Sin embargo, tal como suele recordar la oposición, resulta indispensable distinguir entre la protesta pacífica y la violenta. Si justificamos o validamos esta última, se pone en riesgo la convivencia democrática.