Artículo publicado el lunes 31 de mayo de 2021 por la revista francesa Conflits. El proceso constituyente chileno sigue su marcha, al haberse elegido a los 155 representantes que integrarán la Convención encargada de proponer al país un nuevo texto constitucional. La Convención fue elegida con una participación del 43,4% del padrón electoral —una cifra inferior al plebiscito de octubre pasado, pero similar a las elecciones previas—, y con normas que imponían una corrección de los resultados para obtener una representación paritaria entre hombres y mujeres. Dichos resultados sorprendieron a todos los analistas, tanto por la fragmentación del escenario político, como por la entrada de nuevos actores a la discusión. La coalición gobernante, Chile Vamos, obtuvo 37 convencionales constituyentes, la Lista del Apruebo (la centroizquierda que gobernó con Michelle Bachelet y buena parte de la transición democrática) ganó 25 delegados, mientras que Apruebo Dignidad, ligada a la nueva izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista, consiguió 28 convencionales. Los cupos restantes constituyen la mayor novedad, pues fueron ocupados principalmente por personas independientes de los partidos políticos: la lista de Independientes No Neutrales ganó 11 cupos y la Lista del Pueblo (un grupo de ciudadanos ajenos a la política, ligados a diversas demandas sociales y territoriales), que nadie tenía en sus planes, logró 27 asientos del órgano constituyente. Finalmente, como parte de los acuerdos políticos, se otorgaron 17 escaños a representantes de diversos pueblos originarios, una novedad en un Chile marcado, entre otras cosas, por una fuerte tensión con el pueblo mapuche. Todo esto parece indicar que, al menos para esta elección, observamos un reajuste significativo del mapa político tradicional. Ahora bien, la persistencia de este fenómeno depende de lo que ocurra en las próximas elecciones. En los siete meses que vienen, Chile tendrá un calendario electoral bastante intenso: habrá primarias presidenciales, segunda vuelta de gobernadores regionales, elección de diputados y senadores, para terminar con la elección presidencial en diciembre, incluyendo un posible balotaje. Todavía es demasiado pronto para tener claridad sobre la manera específica en que funcionará la Convención y sus debates en torno a los contenidos. A pesar de que el acuerdo político que abrió el proceso constituyente establece algunas reglas importantes para su operación (como un cuórum de 2/3 para tomar decisiones o el respeto de los tratados internacionales), lo cierto es que será este mismo organismo el encargado de elaborar su reglamento de votación. De hecho, este será su primer ejercicio deliberativo. En cualquier caso, los representantes electos nos permiten extraer algunas pistas sobre algunos posibles contenidos de la nueva Constitución, que luego deberá ser plebiscitada mediante voto obligatorio y universal. Es importante mencionar que, si el texto propuesto por la Convención es rechazado, se mantendrá vigente la Constitución actual. Veamos cuáles son esas pistas.

La sala de máquinas

El académico argentino Roberto Gargarella acuñó el concepto de “sala de máquinas” para designar la parte orgánica de la Constitución, aquella que determina el ejercicio del poder y las atribuciones de los órganos del Estado. Uno de los temas que deberá decidir la Convención es si mantener, corregir o cambiar el sistema presidencial chileno, que se ha mantenido –con algunas variaciones, sobre todo a comienzos del siglo XX– desde los inicios de la historia republicana. A pesar de que algunos representantes han promovido un sistema parlamentarista o semipresidencial, todavía no han entregado detalles respecto de cómo se implementaría esa idea. Lo mismo sucede con otras interrogantes: qué pasará con el Tribunal Constitucional, o si logrará mantenerse un Congreso bicameral. En este contexto, y tal como ha destacado el filósofo Arturo Fontaine, parece ser aconsejable mantener el régimen presidencial actual, agregándole algunas correcciones. En efecto, dada la persistencia del presidencialismo en Chile, las expectativas respecto de cuál es el rol de esa autoridad, así como las dificultades para distinguir entre jefe de gobierno y jefe de Estado en un contexto como el chileno, vuelven poco aconsejable una solución radicalmente distinta. Refuerza este punto el hecho de que las protestas de octubre tuvieron un componente de fuerte crítica a las élites, por lo que un sistema parlamentario, que entrega más poder todavía a las cúpulas partidistas, no parece ser el camino. Por el contrario, un ajuste central y urgente será modificar la manera en que se eligen los diputados y senadores, pues la última reforma electoral favorece la fragmentación y cambió el tamaño de los distritos, haciendo difícil que los representantes puedan tener un vínculo cercano con sus electores.

Contenidos: derechos sociales, descentralización y banderas ambientalistas

Una de las características principales de la campaña electoral, y que se repitió con mucha frecuencia en los programas de los convencionales, es una agenda ambiciosa de derechos sociales, sobre todo en materia de educación, salud y pensiones. En general, predomina una visión del Estado como proveedor de estos derechos, pero sin mayor especificación. Por ejemplo, todavía no dilucidamos si los distintos actores de la sociedad civil –iglesias, ONGs o empresas, por ejemplo– podrán ser parte del entramado institucional que provee tales bienes públicos, y bajo qué modalidad. Este tema es muy importante, considerando no solo las limitaciones del Estado de Chile, sino también la importancia que distintos actores atribuimos a la existencia de un tejido social robusto y activo para resolver tales temas. En términos simples, lo público no puede reducirse a lo estatal, sino que son complementos naturales. En línea con lo que han planteado intelectuales disímiles como Chantal Delsol o Elinor Ostrom, la relevancia de cómo se articulan las comunidades locales con los órganos estatales de distinto nivel es fundamental para una sociedad robusta. Por otra parte, quizá el tema más repetido por parte de los candidatos fue el del medio ambiente. Aquí abundan las posturas, que van desde la propiedad estatal de los derechos de agua hasta la consideración de la naturaleza como sujeto de derechos. A pesar de que todavía falta claridad, sin duda será un tema crucial, sobre todo considerando que Chile experimenta una sequía por falta de lluvias en todo el territorio por más de 10 años. En este respecto, las diversas corrientes de izquierda tendrán un desafío importante a la hora de especificar la manera en que se llevará adelante esta protección al medio ambiente, pues en muchos casos, prima el voluntarismo o la falta de claridad. Por último, un contenido que seguro dará que hablar a los convencionales será la descentralización administrativa del Estado. La mayor parte de los servicios estatales y la toma de decisiones se concentra en Santiago, la capital, dejando de lado las legítimas demandas locales. Algo se avanzó en este sentido, al instaurar la elección por voto popular de los gobernadores regionales, sin embargo, ellos cuentan con escasas atribuciones y será un tema de discusión relevante en la Convención Constitucional. Además, muchos candidatos de todos los sectores incluyeron propuestas en este sentido, siendo una de las materias más reiteradas en las discusiones locales. En este aspecto, la nueva Constitución deberá recoger la demanda de entregar más poder y recursos a los gobiernos locales, desde las municipalidades, la unidad territorial más pequeña, hasta las regiones. Al mismo tiempo, necesitará establecer orientaciones para el uso adecuado de estos recursos, la fiscalización para evitar redes clientelares locales y una estricta rendición de cuentas de los dineros públicos.

La participación

Como decíamos al comienzo, entre los datos que nos entregó la elección de representantes del domingo, uno de los que más preocupa es la baja participación electoral. Cerca del 57% de los chilenos habilitados para sufragar no acudió a los locales de votación. Hay diversas lecturas respecto de esto. Una es que influyeron las condiciones sanitarias del coronavirus, a pesar de los importantes avances en la vacunación masiva. Otra, que el resultado parecía determinado de antemano, limitando el interés por votar. Hay una tercera interpretación, quizá más inquietante: que los chilenos perdieron la conexión con el sistema político y que tienen pocos motivos para participar en los procesos, incluso cuando existe la posibilidad de cambiar las reglas del juego. Por cierto, la participación electoral ha disminuido sostenidamente en Chile desde el plebiscito que posibilitó el retorno a la democracia en 1988, y sufrió una baja todavía más considerable desde que el voto se volvió voluntario. De ahí la importancia de reencantar a los chilenos con su sistema político. Sin duda, la multitud de elecciones que vienen por delante servirán como un termómetro de la salud de la democracia chilena. En especial teniendo en cuenta que el plebiscito de salida, donde se votará el apruebo o rechazo de la nueva Constitución, tendrá voto obligatorio. Sin embargo, nada de esto producirá los efectos esperados si la Convención y el sistema político no se ponen como tarea principal favorecer la legitimidad del nuevo orden institucional. Quizá ahí radica la principal dificultad y la fragilidad del proceso. En concreto, se deberá equilibrar la participación ciudadana y el cumplimiento de las expectativas con el respeto a los cauces institucionales para procesar el agudo conflicto que cruza a la sociedad chilena. Si pudiéramos resumir el objetivo de la Convención en una línea, sería lograr que la ciudadanía sienta que los límites constitucionales son sensatos y, por lo tanto, obedecibles. Esto supone respetar las reglas, privilegiando el diálogo y la deliberación en torno a los bienes comunes, así como un esfuerzo sostenido de la clase política —a la que ahora ingresaron nuevos actores— por revincular a la ciudadanía con el sistema político.