Esta semana, el presidente Gabriel Boric se sumó a los intentos de autocrítica llevados a cabo por la nueva izquierda desde la derrota del 14 de diciembre. En sucesivas entrevistas en medios entregó su mirada respecto de los últimos resultados electorales, de lo obrado por su gobierno y de los aprendizajes que habría hecho en estos cuatros años. En su reflexión aparecen por cierto reconocimientos relevantes: no se hizo lo suficiente para garantizar el diálogo político en el primer proceso constituyente; que tuvieron dificultades para persuadir a la ciudadanía de que podían ofrecer un “orden deseable”; que la izquierda no ha sabido representar los miedos de las personas y que le ha costado aceptar su legitimidad; o que el heroísmo y la grandilocuencia son estériles en política. Algunos son aprendizajes valiosos y esperables en quien asume el poder; en otros, en cambio, cuesta entender que haya tomado tanto tiempo alcanzarlos (como que “el crecimiento no es contrario a la distribución”). En cualquier caso, se trata de lecciones importantes que prueban que la experiencia en la más alta magistratura no ha dejado indiferente a Gabriel Boric.

Sin embargo, al entrar en el detalle de la autocrítica se advierte que existe una suerte de límite en el ejercicio; un eje del que nunca se mueven y que impide llevar el desafío a sus últimas consecuencias: el de la magnitud y alcance de las transformaciones anheladas y prometidas, y de la eficacia o no en su implementación. Así, la revisión de lo obrado se enmarca casi exclusivamente en la pregunta de si hubo un exceso en las propuestas (el presidente habla de un proyecto “muy transformador” para el caso de la Convención Constitucional) o de si se frustró su cumplimiento (pues habrían sido “menos heroicas” que lo esperado por la ciudadanía post estallido), mas no acerca de su contenido ni pertinencia (algo así). En ese esquema, la gente se fue desapegando de la actual administración por la intensidad, el ritmo, la radicalidad de la oferta, más que por lo que objetivamente se ofrecía. Eso explica que el presidente vuelva a un argumento usado luego del plebiscito del 4 de septiembre de 2022: que sería la velocidad la explicaría el distanciamiento de la sociedad chilena respecto de su proyecto, no su dirección. Recordando su famosa frase en que declaró que Chile sería la tumba del neoliberalismo, el mandatario acusa su carácter categórico e hiperbólico, pero no cuestiona la aspiración. A ello debe seguir apuntando “cualquier perspectiva progresista en América Latina”, afirma, pero adecuándose “a velocidades distintas de lo que nos hubiese gustado”.

Hasta ahí llega la autocrítica del presidente. La flexibilidad que reconoce como valor en política, esa duda sobre las propias acciones que reivindica, la capacidad de adaptarse para no chocar con la realidad no va más allá de la disposición para demorar la transformación prometida; para ir un poco más lento, para esperar al resto. Nótese bien lo que esto implica: la realidad no modifica nunca la convicción, que no queda claro sin embargo dónde se adquiere o contra qué se pone a prueba. De eso no dice nada el presidente, aunque se encarga de subrayar como siempre cuánto le preocupa su coherencia y cómo no ha dejado por ningún momento de ser de izquierda. Pocos pondrán eso en duda, pero no es esa la pregunta que las circunstancias le pusieron sobre sus hombros. La cuestión relevante es si acaso esa realidad contra la que se choca (y por Dios que ha chocado con ella este gobierno) no tiene que ser instancia en algún sentido dirimente, un horizonte que tensiona, orienta, limita y cuestiona aquello que piensas y defiendes. Hasta allí debe llegar la autocrítica de la izquierda en el poder si acaso quiere ser honesta: a revisar si el problema no estuvo en la transformación prometida y en la sociedad interpretada; si esa ciudadanía no buscaba otra cosa, y ellos, demasiado convencidos, demasiado coherentes, no fueron capaces de advertirlo.