Carta publicada el jueves 4 de febrero de 2021 por El Mercurio. Señor Director: En su columna de ayer, Carlos Peña acierta al afirmar que “no todo puede ser un derecho”. A los motivos que él ofrece, inspirado principalmente en la teoría de las reglas, cabe añadir dos argumentos adicionales. El primero remite a la relación entre los derechos fundamentales y el régimen democrático. En efecto, si nos interesa ampliar el espacio para la discusión política y las mayorías legislativas (tal como subraya el discurso de la oposición), es indispensable promover un catálogo de derechos tan sobrio como acotado (a diferencia de lo que sugiere la misma oposición). Una carta de derechos demasiado amplia o ambigua disminuye el margen de acción del legislador y favorece el protagonismo político de los jueces, que tienden a especificar —a veces arbitrariamente— el contenido de esos derechos constitucionales. El segundo argumento para moderar las expectativas en torno a los derechos es que, pese a que los actores públicos suelen olvidarlo, ahí no reside el aspecto medular de una Constitución. Si el proceso constituyente puede ayudarnos a salir de la crisis es, ante todo, porque ofrece una oportunidad para rehabilitar nuestra alicaída política. Desde luego, esto supone una deliberación a la altura de las circunstancias, pero también enfatizar la discusión en materia de instituciones (y así, por ejemplo, articular mejor el sistema electoral con el régimen de gobierno). Centrar la cuestión constitucional en los derechos no ayudará a ninguno de esos propósitos.