La ola feminista que agita a Chile parece haber llegado para quedarse. Uno de sus principales éxitos ha sido convocar a personas de diversas trayectorias en torno a la experiencia del abuso, vivido en distintas formas e instancias. Sin embargo, la variedad de demandas, así como del tipo de problemas denunciados, ha hecho difícil encontrar respuestas concretas y eficaces para las mismas. El riesgo de esto no es sólo la posibilidad de que aumente el descontento por la ausencia de una contraparte que aborde las exigencias en conjunto, sino también que se instalen mecanismos que, útiles en ciertos campos, no alcanzan a hacerse cargo de la complejidad de esta problemática.

Ejemplo de esto ha sido la demanda de protocolización de las relaciones al interior de las instituciones, que en su formulación inicial aspira también a regular los vínculos fuera de ellas. Detrás de esta solicitud de procedimientos claros, oportunos y eficientes para evitar y penalizar casos de abuso, existe otra más profunda: volver a configurar una distancia que reestablezca las confianzas quebradas, sobre todo, entre hombres y mujeres. Pareciera reclamarse un nuevo consenso sobre los límites de aquel espacio donde nadie más puede meterse. Es una pregunta muy relevante, pues los vínculos sociales se construyen sobre la cercanía y la proximidad, pero también requieren de distancias y lejanías que ayuden a resolver esa radical cuestión que todos enfrentamos: quién soy yo. Sin embargo, la pregunta es demasiado compleja como para que procedimientos formales alcancen a responderla por entero.

No pretendo desconocer la necesidad de protocolos que regulen relaciones en contextos institucionales que, por sus mismas características, pueden dar lugar (y así ha ocurrido) a situaciones de abuso. Pero sí conviene precisar algunos de sus límites, especialmente si se consolida como principal respuesta a la mediación de los vínculos entre las personas. Una excesiva reglamentación de las relaciones sociales no sólo es ingenua, sino que descansa en una premisa que pareciera haberse posicionado en el ambiente local: la sospecha de que detrás de nuestras prácticas cotidianas más arraigadas sólo hay dominación. Autores como Michel Foucault han evidenciado esta innegable dimensión de las relaciones humanas y de las estructuras que articulan el orden social. De hecho, para el francés, la “sociedad disciplinaria” que emerge en la modernidad es una nueva versión de las formas de dominación propias de toda sociedad, pero construida en función de la ley y de los instrumentos de control que de ella se derivan algo que parecen haber olvidado quienes la reclaman como estrategia prioritaria. Sin embargo, sabemos también que la vida social no se reduce a esa dimensión. Existen múltiples matrices que explican nuestra visión del mundo y que motivan nuestras acciones más cotidianas: la participación, la pertenencia o la experiencia de la gratuidad también configuran los vínculos y las razones por las cuales nos acercamos a otros.

La reglamentación derivada de los protocolos formales o, mejor dicho, su generalización, olvida esta evidencia fundamental. Arriesga consolidar una excesiva sospecha sobre los vínculos sociales que no ve mucho más que aprovechamiento y abuso en el acercamiento del otro. En twitter algunos afirmaban a propósito de los piropos: el problema no es el contenido, sino que un desconocido se sienta con el derecho de hablarte en la calle. ¿No es acaso una mirada demasiado desesperanzada de la humanidad? ¿No perdemos algo valioso al asumir que es mejor que nadie se dirija la palabra en el espacio público y que, si así lo hace, sea respondiendo a un protocolo incapaz de representar todas las posibilidades de un encuentro? No se trata de cuestionar la denuncia de los abusos, sino de tomar distancia crítica sobre los mecanismos que ensayamos para abordarlos. La discusión debe considerar más alternativas que una normalización de las relaciones que entiende los vínculos y el orden social sólo como límite y no, al mismo tiempo, como posibilidad.