En su libro Confianza, Francis Fukuyama intenta mostrar las diferencias entre dos clases de sociedades: aquellas que poseen una gran aptitud para lo que denomina “sociabilidad espontánea” (como Japón, Alemania o Estados Unidos), y aquellas que en las que, al contrario, predominan otra clase de vínculos sociales (de tradición “familística”, como en China, o legalista, como en Francia), que, lejos de fomentar lazos desinteresados y reciprocidad hacia los extraños, llevan a las personas a cerrarse en círculos estrechos y clausurados. El objetivo del pensador norteamericano es mostrar que las instituciones no son suficientes para promover el desarrollo económico, pues cada país seguirá una trayectoria distinta según el grado de confianza entre sus miembros, desarrollando estrategias propias y originales.

En Chile, el tema de la confianza se ha vuelto especialmente relevante a partir de la narrativa del “abuso”. Este término integra nuestro vocabulario político y es una figura en la que cristaliza gran parte de nuestras expectativas y deseos de cambio. Pero el modo en que se lo aborda normalmente tiene algunos problemas, pues se suele hacer en términos fundamentalmente morales. Se trataría de una actitud inaceptable, que no admite otra respuesta que el reproche y la indignación. Además, recibe amplio eco en la prensa, que ha demostrado tener gran afinidad con el registro de la denuncia.

El problema de todo esto, si recogemos la propuesta de Fukuyama, es que oscurece la trayectoria particular en la que se inscribe cada sociedad, sin la cual no se puede entender su presente. Es probable que Chile pertenezca, desde hace bastante tiempo, a las sociedades de baja confianza que identifica Fukuyama, en cuyo caso la disposición a la solidaridad y a aceptar sacrificios por personas ajenas a nuestro núcleo cercano será bastante débil, además de hostil a sus reclamos (que suelen calificarse como “resentimiento”). Además, es plausible que en Chile predominen los vínculos “familísticos”, que miran con gran recelo la relación con quienes se ubican fuera del espacio doméstico (quizá por eso nos resulta tan intuitiva la figura del pituto).

La consecuencia principal de lo anterior es que en la medida en que el abuso se formule como problema moral, dicha constatación resulta más bien estéril para atender a las condiciones que lo producen. Si dichas condiciones gozan de un fuerte arraigo (como parece ser), el trabajo para abordarlas será exigente y requiere una reflexión profunda. Sería necesario aislar factores y ver cómo es posible influir en ellos. Pero al denunciar el abuso como problema primariamente moral, las instituciones son incapaces de leer lo que sucede fuera de ellas y de producir cambios en la dirección que deseamos, de convertir la situación en un objetivo político. Quizá la denuncia es más satisfactoria y más liberadora que otra clase de registro, pero ciertamente es menos eficaz. Y no es claro que necesitemos eso ahora.

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