Ambicioso, fue sin duda una de las características del primer discurso del 21 de mayo de la Presidente Michelle Bachelet. No obstante, al igual que con su programa de gobierno, no resulta fácil explicar cómo se llevará a cabo gran parte de la enorme cantidad de promesas anunciadas. En efecto, la vaguedad de algunos de los objetivos planteados e ideas sin un contenido preciso, hacen poco creíble su cumplimiento.

Aun así, en el discurso efectivamente se anunciaron  medidas muy concretas, que es importante valorar; es de esperar que se lleven a cabo. Varias de éstas guardan relación con las necesidades de los sectores más vulnerables de Chile, quienes efectivamente deben ser el centro de las preocupaciones del Estado. Es una buena noticia, por ejemplo, la preocupación por el bienestar de los adultos mayores, que cada vez aumentan en nuestro país, pero que todavía no estamos en condiciones de acoger. De ahí que sean bienvenidos los proyectos para mejorar su calidad de vida a través de programas de turismo, actividades recreativas y culturales, y otras medidas que aseguren los cuidados necesarios para nuestros mayores.

Se debe aplaudir también la preocupación por los discapacitados, y la idea de crear un programa nacional permanente que tenga en cuenta sus necesidades y la mejor forma de garantizar su inclusión en la sociedad civil. Así también, se debe felicitar el énfasis en mejorar la salud pública a través de la cual se atiende más del 70% de la población y que indudablemente, adolece hoy de graves deficiencias: otorgar mayores recursos a la infraestructura y sobre todo, a la contratación de médicos especialistas, parecen apuntar a mejorar este sistema.

Dentro de las políticas públicas para la protección de aquellos que no pueden hacer oír su voz que se anunciaron, cabe mencionar también como positiva la creación del Consejo Nacional de la Infancia, con el propósito de garantizar los derechos fundamentales de los niños, hoy gravemente vulnerados, como lo han demostrado los recientes informes del Sename, y los índices de violencia intrafamiliar, entre otros.

Sin embargo, las palabras de la Presidente evidenciaron también graves contradicciones en este sentido. En efecto, si bien las medidas señaladas anteriormente representan un bien para nuestro país y especialmente para quienes más necesitan de nuestra protección; al mismo tiempo, otros anuncios parecen ir justamente en la dirección opuesta. Así por ejemplo, llama profundamente la atención que a pesar de toda la evidencia al respecto, se preste una atención insuficiente a mejorar la calidad de la educación preescolar —de la cual depende el futuro desarrollo de los niños y jóvenes chilenos—, concentrándose, en cambio, la mayor parte de los esfuerzos en la educación superior, que parece beneficiar a un sector minoritario y privilegiado del país y cuyo acceso es imposible para gran parte de los alumnos, justamente por deficiencias en su formación inicial.

Pero lo más grave es el compromiso anunciado de despenalizar el aborto —llamado equivocadamente, “terapéutico”— en casos de violación o peligro de vida de la madre, o de inviabilidad del feto. Además de ir en contra del sentir de la mayoría de Chile, que, como demuestran todas las encuestas, está a favor de la vida, esta reforma resulta completamente innecesaria y sólo abre la puerta para una práctica que atenta gravemente con los derechos de los niños que aún está en el vientre de su madre. En efecto, hoy la ley chilena no niega a una mujer embarazada los tratamientos necesario para conservar o recuperar su salud. Por el contrario, la ley obliga a los médicos tratantes a efectuar todas las acciones terapéuticas que correspondan en beneficio de la salud de sus pacientes embarazadas, incluso cuando por efecto indirecto éstas supongan un riesgo para la vida del niño que se encuentra en sus vientres.

Es necesario aclarar también que no existen tratamientos médicos que consistan en matar directa y voluntariamente al niño que está por nacer. En el caso de llamado aborto eugenésico, esta falacia resulta particularmente inhumana: ¿Por qué tendría menos derechos un niño enfermo que un niño sano? ¿No es mejor ayudar a estos niños, madres y sus familias a pasar por esta prueba acompañados, con los cuidados paliativos necesarios? Por último, en situaciones de embarazos que sean el producto de una violación, ¿es justo cometer una injusticia —matar a un niño—, para remediar otra —una violación—?

Si Bachelet quiere comprometerse efectivamente a defender y promover los derechos fundamentales de todas y todos, debe partir por la cuna, asegurando, desde luego, el derecho a la vida, condición de posibilidad para el ejercicio de cualquier otro, incluido el derecho a la educación, y la igualdad de oportunidades para participar del desarrollo nacional.