Columna publicada el 7 de junio de 2023 en CNN Chile. Bastante antes de aquel octubre, y en un clima de incipiente discusión constitucional, la historiadora Sofía Correa advertía a los impulsores de una eventual asamblea constituyente que se trataba de una experiencia política sin buenos precedentes. Entre otras cosas, la asamblea se contrapone a la democracia representativa, a los partidos como canales de representación, al Congreso como instancia institucional de diálogo, la negociación y el acuerdo político. “Convocar a una asamblea Constituyente es abrir la puerta al populismo y al corporativismo. En vez de representación política, tendremos representación funcional, sectorial y étnica” (Correa, 2015, pág.49). Así sucedió efectivamente en la fallida Convención. Parte de los temores de la historiadora se fundaban en el intento previo a la Constitución de 1925, cuando los militares exigieron que se convocara una Asamblea Constituyente en que estuvieran presentes “las fuerzas vivas” para neutralizar a los políticos. Pero más que el articulado de una constitución, la Asamblea recogió demandas coyunturales de políticas públicas y propuso algunos principios como un régimen federal, un poder legislativo unicameral, una limitación de la propiedad privada y la socialización de la propiedad agraria. Aprovechó también de rendir homenaje a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La instancia, por supuesto, fracasó. Las similitudes entre aquel intento perdido en la historia nacional y la fallida Convención son impresionantes. Pero tuvieron que confirmarse las aprensiones de muchos para arribar a la fórmula mixta de expertos y representantes democráticamente elegidos, aceptada transversalmente por las fuerzas políticas y respetuosa con nuestra tradición constitucional. El Congreso tardó meses en destrabar el entuerto tras el 4S, pero se cumplió la palabra empeñada y hoy puede decirse que la Comisión Experta ha cumplido satisfactoriamente con su cometido, aunque todavía queden asuntos importantes por perfeccionar y clarificar. El contraste con el proceso anterior es abismal: pasamos de un encendido reality a —en buen chileno— una fome pero auténtica instancia de deliberación política. Una de las mayores innovaciones que realizó esta se encuentra en el campo del sistema político. La Comisión alcanzó acuerdos transversales en orden a atacar la fragmentación que padece el sistema actual, que obstruye y debilita la discusión política en las áreas más sensibles para la población. También se propone una cirugía mayor en el Poder Judicial —una de las instituciones peor evaluadas— incorporando nuevos órganos para mejorar su funcionamiento en aspectos como nombramientos, calificaciones y sanciones. Sin duda el proyecto es perfectible, pero sí es esencialmente superior al de la fracasada Convención, siendo además fruto de la deliberación política y concesiones de lado y lado, permitiendo que esta sea una ley fundamental compartida por todo el arco político. En materias que suscitan amplia controversia como la paridad, se llegó a una fórmula de corrección más flexible y transitoria para la elección de parlamentarios. En las bases de la institucionalidad se cumplió con establecer la cláusula de Estado Social, la cual, según cómo se desarrolla en el texto, es compatible con la subsidiariedad (aunque no se reconozca expresamente ni se utilice esa palabra). Hay otros aspectos como la libre elección en salud y la protección del que está por nacer donde aún quedan dudas o silencios que son necesarios de zanjar. Pero ahora la posta pasará al Consejo, donde se abren nuevas oportunidades para mejorar el texto. Ahora, si bien entre Republicanos y Chile Vamos superan los 3/5 de quórum para aprobar artículos, el desafío residirá en lograr consensos que favorezcan la aprobación del texto en el plebiscito de salida. La mayor lección de la experiencia de la Convención —así como el pecado original de la constitución actual—, es que tanto el proceso como las circunstancias en que se redacta una carta fundamental sí importan. Dicho proyecto era absolutamente deficiente en sus aspectos jurídicos, pero parte importante del Rechazo se gestó durante su funcionamiento debido al lamentable espectáculo que mostró al país. El proceso en curso, sin embargo, parece ir mucho mejor encaminado. Así, más allá de legítimos reparos particulares, la Comisión nos ha entregado un buen proyecto, un homenaje a nuestra tradición constitucional en su forma y fondo. Como bien plantea el comisionado del PS, Gabriel Osorio, “una Constitución no es para quedar contentos, es para quedar tranquilos”. De ser ratificada por la ciudadanía, habrán participado en la elaboración de nuestro nuevo texto constitucional el Congreso, los partidos políticos y la sociedad civil; en igualdad de condiciones y en democracia. La historia no se repite, pero rima. Si algo nos ha enseñado durante este largo momento constitucional, es a desconfiar de fórmulas disruptivas y ajenas como salida a la crisis e inclinarse, como plantea Correa, por los canales institucionales de deliberación.