Columna publicada el lunes 17 de enero de 2022 por La Segunda.

"Hemos ido construyendo, en conversación con otros, algo que puede ser llamado presidencialismo de coalición”. Esto decía Fernando Atria hace un par de días en Ex–ante, con aparente mesura. El exacadémico de la UAI reconocía que "en la Convención a poco andar quedó claro que no había espacio para un régimen parlamentario", fórmula predilecta de Atria, Bassa y otros. Así, ante el arraigo de la institución presidencial y la elección popular del jefe de gobierno, la nueva izquierda participaría de una salida salomónica.

Que tal construcción existió es evidente. Aunque el nuevo oficialismo se encuentra más dividido de lo que transmiten sus cúpulas —comunistas y socialistas promueven el presidencialismo—, en las últimas semanas surgieron demasiadas coincidencias (¿coincidencias?) entre el Frente Amplio, No Neutrales y el Colectivo del Apruebo. 

Naturalmente, el fenómeno tiene sus méritos. Por un lado, cuando los viejos tercios detentaban el poder estos esfuerzos solían ser despreciados como una infame "cocina". Por otro, el proceso constituyente de Michelle Bachelet quedó inconcluso no sólo por la reticencia de la derecha o la falta de apoyo ciudadano, sino también por la división entre jacobinos (radicales) y girondinos (moderados), según la lúcida analogía que entonces acuñó el decano Pablo Ruiz-Tagle. 

Lo que carece de mérito, sin embargo, es intentar pasar gato por liebre. Porque tras el pretendido "presidencialismo de coalición" o de “colaboración” hoy se busca instalar un semipresidencialismo de facto con congreso unicameral. Un modelo en el que, como confiesa el propio Atria, tarde o temprano “el parlamento puede censurar, puede provocar la caída del gobierno”. La diferencia no es un mero tecnicismo. Basta examinar la endémica crisis peruana para comprender cuán dañinos e ineficaces resultan esos engranajes híbridos en escenarios de fragmentación política y debilidad partidaria.

Con todo, no hay motivo para sorpresas. Es sabido que Atria y Bassa impulsan un proyecto dogmático, definido a priori e indiferente a nuestro contexto político e histórico. Se trata de aumentar el poder de una Cámara de Diputados o “congreso plurinacional” electo bajo un sistema proporcional reforzado y sujeto a los menores controles posibles. De ahí, por ejemplo, su propósito de eliminar el Senado y el TC, y de acusar a los consejeros del Banco Central. Y de ahí también esta movida táctica sobre la forma de gobierno. Como señaló recientemente el autor de La Constitución tramposa, su horizonte es “un régimen político que vincule el destino político del Congreso y la Presidencia”. Lo que no explicita es que tal vinculación apunta a subordinar el destino de La Moneda a los pasillos de Valparaíso. Vaya coalición.