Columna publicada en The Clinic, 21.11.2017

Vivimos en una sociedad de mercado. Este es el titular de la principal crítica que la izquierda ha avanzado en los últimos años. Y ha calado hondo en el discurso público: culturalmente parece haber un consenso –quizás aparente, pero la apariencia existe— en que hay ciertos bienes “sensibles” que el dinero no puede comprar. No es una crítica al libre mercado en sí, sino a sus distorsiones, a cuando éste se escapa de su hábitat natural y empieza a permear todos los ámbitos de la sociedad. La historia ya es de sobra conocida y, guardando las diferencias, es la que da fuerza al discurso de Sánchez, Guiller, MEO, Navarro, y (en alguna medida) Goic.

Las respuestas que estos candidatos han ofrecido no son idénticas. Sin embargo, a todas ellas subyace la idea de que debiéramos transitar de una sociedad de mercado hacia una sociedad de derechos.

La propuesta, entonces, es transformar esos bienes sensibles. Que la educación, salud o vivienda, por dar algunos ejemplos, pasen de ser el privilegio de unos pocos que tienen dinero a concebirse como una exigencia que puede ser reclamada al Estado. Y si el Estado no cumple, los tribunales se encargarán de hacerlo cumplir. La exigencia es de un peso tal que incluso puede vencer políticas públicas ya diseñadas: estos temas no son triviales, sigue el argumento, sino que son derechos (sociales) fundamentales. Pero eso no es todo. El discurso de izquierda ha tomado, además, las banderas de las denominadas “libertades sexuales”, como el acceso al matrimonio o el aborto. En una línea de plena continuidad con las premisas del neoliberalismo que critican, usan el lenguaje de los derechos para transformar esas restricciones irracionales (porque se deben a razones que no son públicas, sino principalmente religiosas, se dice) en una esfera de autonomía en la que nadie puede entrar. Si bien son ideas esencialmente liberales, la estrategia es la misma que en los derechos sociales: son temas de derecho fundamental.

Lo interesante de este tránsito hacia la sociedad de los derechos es que en él se esconde una gruesa contradicción que ha pasado inadvertida. La contradicción es la siguiente. La crítica a la sociedad de mercado supone que hay ciertas racionalidades que deben contenerse dentro de sus límites. En este caso, la racionalidad económica. El homo economicus podrá ser una buena herramienta para analizar y explicar algunos fenómenos, pero ciertamente no todos; y tampoco podemos extender la estructura de los mercados a todas las actividades humanas. Se trata, en el fondo, de que la complejidad del hombre no admite ser mirada desde una sola perspectiva. La económica es una, pero hay otras; y al momento de edificar el orden social debiésemos incorporarlas. Hasta ahí la crítica de la izquierda.

Pero su propuesta de solución es tanto o más parcial en su perspectiva. Es, en otras palabras, igualmente ciega respecto de otros aspectos de la condición humana. El derecho tiene un razonamiento distintivo –el jurídico– con su propia especificidad, y que la distingue del razonamiento moral o político, por ejemplo. Funciona para procesar ciertos problemas: los problemas jurídicos. Pero el despliegue de las actividades humanas no constituye solamente problemas jurídicos (o posibles “conflictos de relevancia jurídica” para usar la jerga). En este sentido, el lente con que la izquierda nos invita a observar la realidad es parcial y limitado. Sirve para entender ciertos problemas, pero no todos. Las herramientas jurídicas juegan principalmente con reglas y definiciones muy precisas –“leguleyas”– que son poco aptas para capturar las consideraciones que las fundamentan y dan contenido. En otras palabras, están diseñadas para no tener que responder a las grandes preguntas que nos aquejan, sino que para hacer que el trabajo de los abogados y jueces –quienes normalmente no son genios morales o políticos– sea más manejable.

Pero esto parece no preocupar a quienes abogan por una sociedad de derechos. Y los resultados están empezando a saltar a la vista: nuestro discurso coloquial está en permanente juridificación (basta con escuchar a los “expertos en derecho constitucional” que inundan la plaza pública); y los jueces están cada vez más empoderados, tomando decisiones para las que hasta hace unos años difícilmente les concedíamos autoridad. Pero al ser una herramienta parcial, el uso indiscriminado del discurso de los derechos empobrece la deliberación pública. Para decirlo en simple, invocar un derecho es más bien una invitación a cerrar una conversación que a abrirla, porque se dan por sentadas las razones que sustentan invocarlo. Quienquiera que haya intentado cuestionar la gratuidad de la educación superior, por ejemplo, recordará que, al enfrentarse a un promotor de los derechos sociales, llega un punto en que las respuestas al por qué de esa política pública terminan con un simple “pero si se trata de derechos fundamentales”. Fin de la discusión.

Invocar derechos indiscriminadamente no sólo empobrece la deliberación, tampoco es una herramienta apta para pensar de modo sistemático los problemas de distribución de los recursos, pues lo que está en el centro es el reclamo individual, no el colectivo. Nada de esto quiere decir que la falta de dinero necesariamente deba ser una barrera de entrada, por ejemplo, a la educación. El punto es que el lente para mirar el problema adolece de un defecto del mismo tipo que el económico: es parcial. Y esa parcialidad no se le reconoce, sino que, por el contrario, se universaliza, tal como se hizo con la economía. Pasamos del homo economicus al homo jurídico.

Podrá, quizás, haber buenas razones para pensar que es a través del derecho que debemos procesar nuestros desacuerdos y exigencias. Si es así, la izquierda debe, al menos, hacerse cargo de esta inconsistencia. La carga de la prueba (nótese la expresión) está de su parte.

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