Columna publicada el miércoles 15 de febrero en CNN Chile Todo parece indicar que los incendios forestales continuarán ocurriendo debido tanto al cambio climático como a la acción humana. Hace pocos días ocurrió el incendio de Santa Juana, el segundo mayor en número de hectáreas desde que existe registro (solo superado por el que devastó Santa Olga, en 2017). En medio de esta emergencia es una buena noticia que la institución mejor evaluada sea Bomberos, con un 99% de aprobación (seguida por Carabineros, la Conaf, los alcaldes de las comunas afectadas y las Fuerzas Armadas). Más atrás se ubican los medios de comunicación, la Senapred (ex Onemi), el presidente Boric y, en último lugar, el Gobierno. Ahora bien, el hecho de que Bomberos sea la institución mejor evaluada en nuestro país no se explica solo por la contingencia, sino también porque es una institución fuertemente arraigada a lo largo del territorio y que no ha perdido su carácter comunitario con el correr de los años. El primer Cuerpo de Bomberos profesional de Santiago nace en 1863, tras el incendio del Templo de la Compañía de Jesús que cobró más de 2.000 vidas, en su mayoría mujeres y niños. Ante esta tragedia, fue la sociedad civil, y no el gobierno, el que reaccionó. Un comerciante, José Luis Claro Cruz, ante la impotencia en combatir el desastre sucedido, hace el siguiente llamado a los jóvenes en un diario de la época: “Al público: se cita a los jóvenes que deseen tomar parte en la formación de una Compañía de Bomberos, pasar el día 14 del presente a la una de la tarde, al escritorio del que suscribe”. Los voluntarios no se hicieron esperar. A partir de entonces, los bomberos han desempeñado un papel crucial en la protección de la seguridad de las personas y sus bienes en incendios, desastres naturales u otras emergencias. En este contexto, vuelve a ser materia de debate una pregunta recurrente: los bomberos, ¿deben ser voluntarios o profesionales remunerados? Los que abogan por que sean profesionales remunerados argumentan que esto les permitiría dedicarse plenamente a su trabajo y tener estabilidad financiera. Por otro lado, quienes prefieren la voluntariedad abogan por una mayor independencia y autonomía en la toma de decisiones. En países como Francia, los bomberos dependen solo del Estado, tienen una estructura jerárquica y planificación rigurosa para responder a emergencias. Dicho en simple, son como cualquier otro servicio estatal. En otros casos, como Australia, Nueva Zelandia, Canadá y Estados Unidos, los bomberos son voluntarios y dependen del financiamiento local y de las donaciones. No hay, a fin de cuentas, una sola alternativa: ambos modelos tienen sus pros y contras. La decisión de tener un sistema de bomberos voluntarios o dependiente del Estado debe atenerse a las necesidades y recursos de cada comunidad, así como a las experiencias concretas de las instituciones que, en el caso de Chile, sí parecen haber funcionado en el pasado. Lo primordial es asegurar una respuesta rápida y eficaz en caso de emergencia. En ese sentido, quienes defienden que el modelo actual se mantenga afirman que el paso al aparato público podría quitarle dinamismo y eficacia a la toma de decisiones que requieren una respuesta inmediata, al caer en la maquinaria burocrática propia del Estado. Por lo demás, los mismos bomberos rechazaron en su minuto el debate que propuso convertirlos en un servicio rentado en febrero de 2017. En esa oportunidad, el presidente del organismo, Miguel Reyes, afirmó: “Somos, en esencia, voluntarios”. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos desconocer que, si bien los cuerpos de bomberos funcionan de manera adecuada en la mayoría de las regiones, algunas comunas rurales no cuentan con profesionales igualmente capacitados y carros de bomba tan modernos como los de las compañías de las grandes ciudades. Eventos como el terremoto del 2010 o los incendios forestales del 2017 y 2023 no hacen más que poner en evidencia los problemas de esta situación. Pasada esta crisis, el esfuerzo estatal debería ser potenciar la institución, destinando recursos para capacitación y compra de equipos, hacer mejoras en protocolos de donación y promover una mejor coordinación entre las diversas instituciones públicas y privadas que participan en la solución de este tipo de catástrofes. Pero por sobre todo, urge planificar a nivel macro medidas de prevención ante futuros incendios forestales. Por ejemplo, posibilitar acuerdos de ayuda internacional pueden gestionarse con otros cuerpos de bomberos de otras latitudes (España, Colombia, Canadá) e invertir en otras demandas de infraestructura y coordinación que han sido mencionadas por los mismos voluntarios durante las últimas semanas, entre otros. De momento, hay que evitar pequeñeces como apuntar con el dedo a las forestales, como lo hizo recientemente el presidente Boric en medio de una visita a Quillón. Por el contrario, hoy el foco debe estar puesto en apagar los incendios y evitar que mueran más personas, y para ello se requiere la labor conjunta de varios actores, con y sin fines de lucro, estatales y particulares, nacionales y extranjeros, y no volver a la obsesión por la estatización que cada cierto tiempo propugna cierto sector político. Tal como señaló unos días atrás la ministra Vallejo al reunirse con organizaciones de la sociedad civil: “La prioridad número uno, y lo ha dicho el presidente de la República, es no dejar a nadie solo, a nadie sola y para eso va a estar el Estado desplegándose, pero en conjunto y de la mano con las organizaciones de la sociedad civil”. A diferencia de lo que miembros de los partidos de gobierno han señalado en el pasado, este sí es el verdadero sentido de lo público.