Columna publicada el ______ de julio de 2020 por El Mercurio. Hace casi 30 años, el 12 de agosto de 1980, se convocó al plebiscito ratificatorio de la "nueva constitución política". Sea por la falta de garantías electorales básicas, sea por la impronta refundacional del régimen de Pinochet —tempranamente advertida por Mario Góngora—, este origen autoritario todavía afecta la legitimidad de la Carta Fundamental. Para muchos se trata simplemente de la "Constitución de la dictadura". La historia, sin embargo, es más compleja, y recordarla puede ayudarnos a comprender las raíces del escenario político actual. Por de pronto, el texto otorgado en 1980 jamás rigió como tal en el Chile posdictadura (ni siquiera antes, en general: hasta 1989 Augusto Pinochet gobernó en base a disposiciones transitorias). El conjunto de reformas constitucionales ratificadas mediante el plebiscito de 1989 permitieron que Patricio Aylwin asumiera la presidencia bajo reglas distintas a las impuestas por la Junta Militar, y tanto los acuerdos como las prácticas políticas de la nueva democracia se reflejarían en la evolución constitucional posterior. Cuando el año 2005 el expresidente Lagos señaló que al fin contábamos con un "piso institucional compartido”, manifestaba la sincera convicción de los dirigentes que condujeron la transición, por más que luego renegaran de este proceso. Con todo, el acuerdo de 2005 no modificó un aspecto central del orden constitucional: el sistema binominal. Mientras se prometía la renovación y legitimación definitiva de nuestro entramado institucional, seguía intacto un elemento crucial en la generación del poder político, que respondía a otras lógicas y a otra época. Ante la falta de consenso en esta materia se optó por una aparente solución que, a la larga, sólo aumentaría las dificultades. Se anunció que el sistema electoral salía de la Constitución, pero manteniendo su alto cuórum de reforma en la ley orgánica respectiva. El discurso sugería una realidad; los hechos, otra.  Las cosas caerían por su propio peso, y el año 2015 finalmente se aprobaría el sistema electoral vigente —un proporcional corregido—, pero sin mediar una visión de conjunto que considerara sus efectos en el resto del andamiaje político. Como el binominal se había convertido en un chivo expiatorio, al reemplazarlo no importó la previsible incompatibilidad entre el arraigado presidencialismo chileno y el nuevo mecanismo de elección de los parlamentarios; tampoco las peculiaridades de nuestra cultura política (si en algunos países europeos nadie obtiene mayoría, bien puede configurarse una gran coalición; aquí no). La paradoja es manifiesta. Se creyó y se dijo con entusiasmo que el fin del binominal ayudaría a relegitimar nuestra política: se habló de nueva democracia, de participación y representación plena, y de varias fantasías similares. En los hechos, nuestro sistema político e institucional devino crecientemente ineficaz. Ni los cantos de sirena del nuevo sistema electoral ni los del voto voluntario —otra espléndida reforma de nuestros expertos— lograron revertir o atenuar este déficit. Más bien lo agravaron, con sus distritos enormes, su lógica comprensible apenas para un puñado de técnicos y el deterioro de nuestra cultura cívica. Pero sobre todo, con sus dañinos resultados en términos de fragmentación y polarización de las elites partidarias, y el consiguiente bloqueo del sistema político. Naturalmente, este cóctel explosivo ha incrementado la brecha entre la política y la ciudadanía.  Las mociones y los “sacrilegios” inconstitucionales, incluido el triste espectáculo del retiro del 10% de las pensiones, se enmarcan en este itinerario. Hay cierta continuidad entre el afán por instalar un “parlamentarismo de facto”, desconociendo las atribuciones de la presidencia de la república –no sólo de Sebastián Piñera, sino de la institución presidencial–, y los efectos no queridos de la gran reforma del año 2005. En este panorama han influido actitudes mezquinas e irresponsables, sin duda, pero también un grave desajuste en la “sala de máquinas” de nuestra institucionalidad.  En rigor, nuestro orden constitucional tiene un severo problema (a diferencia de lo que suele reconocer la derecha), pero éste radica ante todo en su olvidada dimensión orgánica (a diferencia de lo que cree casi toda la izquierda). Quizá Raymond Aron exageraba al subrayar que lo más importante de una Constitución es el sistema electoral, pero el modo en que (no) resolvimos este tema y sus nefastas consecuencias parecieran darle la razón.