Nadie que siga el debate sobre el texto que propone la Convención quedó indiferente ante los dichos de Ricardo Lagos. Tanto en su declaración del martes 5 de julio como en sus entrevistas posteriores el expresidente explicitó su inquietud por el carácter “partisano” de la propuesta del órgano constituyente y, sobre todo, su convicción de que el cambio constitucional debe continuar más allá del 4 de septiembre, con independencia de cuál sea la opción vencedora. Desde luego, este hecho puede ser leído de distintas maneras. Para algunos, se trata ante todo de una defensa de la trayectoria republicana y de los vilipendiados 30 años —la Convención insistió en comprender todo esto como pura “opresión y despojo” —. Para otros, el destinatario principal del mensaje de Lagos podría ser el actual presidente, Gabriel Boric, quien hasta ahora no prioriza el día siguiente al plebiscito; no al menos con la claridad y contundencia que se espera de un jefe de Estado. Ahora bien, sin pretender negar la pertinencia de esas interpretaciones, me parece que el mensaje central del expresidente Lagos remite a lo que podríamos llamar su pensamiento constitucional.  

En efecto, desde hace varios años el primer socialista que llegó a La Moneda después de Salvador Allende viene insistiendo en un determinado modo de entender el desafío constituyente. Tal como manifestó en diversos foros, entrevistas e incluso en un libro publicado justo antes de la Convención, era un profundo error comprender el cambio constitucional como la “madre de todas las batallas” (que fue básicamente lo que dijo hace algunas semanas Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista). De lo que se trataba, según Lagos, era de articular un pacto constitucional de vocación mayoritaria y alcance nacional o, en sus palabras, de concebir el proceso constituyente como la “madre de todos los acuerdos”. Detenerse en esta idea es importante no sólo porque ayuda a entender mejor las recientes declaraciones del expresidente, sino también porque todo esto supone una forma de aproximarse al papel de un texto constitucional que brilló por su ausencia al interior de la Convención. 

Hay muchas maneras de ilustrar el contrapunto entre la visión constitucional de Lagos y la que predominó al interior del órgano constituyente, desde la borrachera electoral que llevó a confundir una mayoría circunstancial con algo así como una adhesión sociológica al proyecto de las izquierdas —pronto vinieron los resultados de las últimas elecciones parlamentarias y presidenciales para quien quisiera salir de la resaca—, hasta la exclusión de la centroderecha y de parte de la centroizquierda de la articulación de los dos tercios en la configuración de la propuesta que se somete a plebiscito. Con todo, probablemente nada sea más revelador que las ideas que empujaron algunos convencionistas que venían del mundo académico y que, por lo mismo, supuestamente estaban llamados a atemperar los ánimos de las izquierdas que detentaban las mayorías dentro de la Convención. Por desgracia, no lo hicieron. 

Un ejemplo patente de este problema ha sido Jaime Bassa, quien además fue el primer vicepresidente de este organismo. Su discurso de apertura al comenzar la discusión de fondo (fines de octubre) habla por sí solo: “somos el fin de una historia de despojos; despojo de los bienes comunes, pero también de la capacidad de imaginación política”. El propósito entonces era instalar un “camino de transformación”, un “hito fundacional de una nueva institucionalidad”. Fernando Atria, quien ha seguido hasta último minuto promoviendo ese tipo de lógicas, es otro ejemplo elocuente. Mal que nos pese, ellos y otros no sólo renunciaron a morigerar los ánimos dentro de “la constituyente ciudadana” —así la llamaba Bassa, creyendo quizá que esa denominación aseguraba conexión con las grandes mayorías—. En efecto, ya sea que se decida tildar sus planteamientos como soberanistas, presos de la pasión revolucionaria o partidarios de la democracia radical, lo cierto es que ellos revistieron de sustento intelectual el singular modo de trabajo de la Convención; un modo que jamás tuvo en su horizonte los grandes consensos políticos a los que invitó la Convención de Venecia y de los que hoy nos habla el expresidente Lagos. 

Nada de esto es demasiado novedoso. Como hemos explicado con más detalle en otro lugar, desde el proceso constituyente que dejó inconcluso Michelle Bachelet esta clase de ideas viene perjudicando la apuesta constitucional de la nueva izquierda. Ya desde entonces el anhelo de estos académicos pareciera ser volver el tiempo atrás y rehacer, tanto como fuera posible, el camino andado en el intertanto. Por ejemplo, en el prólogo de La Constitución que queremos —escrito en 2020, no en 1981—, los editores dedican su libro a quienes vieron “florecer y morir un Chile democrático que, lamentablemente, no hemos podido recuperar”. En el mismo libro, Jaime Bassa sugiere que durante las últimas décadas los representantes políticos se han visto “impedidos a hacer lo que sí hizo el gobierno de la Unidad Popular: implementar un proyecto político de transformación social”. O, en las palabras aún más reveladoras del “Proyecto Puentes”, liderado por Fernando Atria, “el problema constitucional es, todavía hoy, el 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias constitucionales posteriores”. Como si fuera posible y deseable, luego de tres décadas de vida democrática, intentar imponer un hito análogo, de signo contrario.

Si algo dejó en claro la Convención es que ideas de esa índole tienen consecuencias: el sueño de refundar no es gratis, pues favorece una dinámica de ellos y nosotros —en último término: amigos y enemigos— que obstaculiza severamente el diálogo democrático. Y aunque el expresidente Lagos no se refiere a los convencionistas referidos, me parece bastante claro el contraste entre la visión constitucional que ellos y la nueva izquierda han defendido, y la concepción de un pacto constitucional como la “madre de todos los acuerdos”. Precisamente el tipo de pacto que —ante la oportunidad perdida de la Convención— deberemos intentar articular como país desde el 5 de septiembre en adelante.