Michelle Bachelet fue elegida por un amplio margen como Presidenta de la República. Es momento, entonces, no sólo de las necesarias evaluaciones, sino también de preguntarnos qué podemos esperar del nuevo gobierno. El asunto es cualquier cosa menos claro: se han anunciado grandes transformaciones constitucionales, tributarias y previsionales, pero la ambigüedad de Bachelet ha sido manifiesta. Aún no sabemos, por ejemplo, si la Presidenta electa promoverá o no una Asamblea Constituyente, ni cuáles serán los verdaderos alcances de su cambio de discurso sobre la gratuidad en educación. Lo mismo acontece con el futuro que depara a los colegios particulares subvencionados, la manera específica en que se buscará mejorar las pensiones, y un largo listado de temas en los que razonablemente tenemos más dudas que certezas.

Sin embargo, hay una arista en la que Michelle Bachelet ha sido menos ambigua: su agenda ético-cultural. La claridad no ha sido total, pero sabemos que el nuevo gobierno intentará legalizar ciertos supuestos de aborto e impulsará un proyecto de ley que buscará abrir el matrimonio a las parejas del mismo sexo. No sólo eso: también se vislumbran propuestas que, más allá de los “problemas de redacción”, adelantan una estrecha visión de laicismo, que pareciera retrotraernos a debates propios del siglo XIX. Es importante advertir este hecho: Bachelet, su programa y su entorno se han pronunciado reiteradamente en favor de estas reformas, impensables en el pasado reciente para un presidenciable concertacionista. Así, mientras Bachelet se ha cuidado de tomar posturas claras o definitivas en casi todos los temas, no tuvo inconvenientes en cambio para adoptar una agenda particularmente progresista. ¿Cómo interpretar este fenómeno?

En primer lugar, como una ratificación del difícil momento que vive la Democracia Cristiana, la disminución de su peso político al interior de la Nueva Mayoría pareciera ir de la mano de su  desorientación programática. En rigor, tanto dentro como fuera de la antigua Concertación cuesta encontrar argumentos y razones para afrontar seriamente los actuales desafíos ético-culturales. Pero no es casualidad que a Bachelet y su círculo les parezca inocuo ofrecer una agenda de esta índole, cuya compatibilidad con un ideario socialcristiano parece francamente imposible. La DC ha dejado de jugar un rol gravitante, y eso se nota. Tal como han señalado en varias ocasiones Sergio Micco y Eduardo Saffirio, este partido tiene una importante cuota de responsabilidad en orden a que la Nueva Mayoría no priorice debates más propios de la costa de California que de un país en el que aún existe extrema pobreza, y en el que la clase media enfrenta graves problemas de endeudamiento.

Con todo, pareciera haber algo más detrás de la agenda progresista de Michelle Bachelet, y que tiene que ver precisamente con sus ambigüedades. Ellas, que servían como técnica de campaña, adelantan más de algún problema de gobernabilidad: una vez obtenido el triunfo inevitablemente comenzarán a aflorar las diferencias. Una cosa es un pacto electoral y otra distinta una auténtica coalición de gobierno y, a la hora de concretar el programa de Bachelet, inevitablemente algún sector de su conglomerado quedará disconforme. Si además consideramos las dificultades de fondo que envuelven las transformaciones prometidas, resulta notorio que ellas significarán altos costos políticos e institucionales. En este contexto, la agenda ético-cultural, favorita del mundo twiiter, se presenta como un buen volador de luces, aparentemente sin costos: no sólo permite esconder los problemas anteriores, sino que también da la impresión de estar “avanzando”.

El problema es que, como explicaba Pablo Ortúzar, la creencia de que twitter representa algo así como “la voz del pueblo” es sencillamente absurda: se trata de un mundo de elite, que sobredimensiona a ciertos grupos en desmedro de la generalidad de la población. Por eso el nuevo gobierno cometería un grave error si cree que podrá navegar tranquilo sólo con darles el gusto a las redes sociales. Y no sólo porque en esos temas la Nueva Mayoría dista de ser homogénea. El asunto es más profundo: esa agenda no tiene nada que ver con las enormes expectativas que ha generado Michelle Bachelet. Esas expectativas, obviamente, tienen que ver con las verdaderas inquietudes de los chilenos: quienes votaron por Bachelet proyectan en ella la solución a sus problemas cotidianos en materia de salud, educación, vivienda y seguridad, no otra cosa.

Por eso los voladores de luces resultarán totalmente insatisfactorios. Y, por lo mismo, inevitablemente, Michelle Bachelet y su gobierno deberán hacer política de verdad, sin silencios ni ambigüedades. En este sentido, su desafío no es menor: una vez que las generalidades deban dar paso a los acuerdos específicos, ¿cómo conciliar a Guido Girardi, José De Gregorio, Guillermo Teillier, Andrés Velasco y Giorgio Jackson? Es el círculo que desde ahora tienen que comenzar a cuadrar la Presidente electa y los partidos de la Nueva Mayoría. Y para eso, claramente, la agenda progresista no es suficiente.