El proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Educación Pública -la anunciada desmunicipalización- debiera constituir, en principio, una buena noticia. Por de pronto, fueron muchas las voces que, no sin razón, afirmaron una y otra vez que la reforma escolar debió haber comenzado por la educación estatal. Es ahí donde se educan los niños y jóvenes más vulnerables, y en ella se encuentran nuestras principales carencias. Por lo demás, siguen teniendo plena vigencia las palabras de Gonzalo Vial (al que nadie podría acusar de estatista), quien decía que en un país como Chile “la educación masiva es un esfuerzo colectivo tan formidable, una movilización tan amplia de personas y recursos por un período tan extenso, que resulta imposible de concebir -a lo menos en el futuro inmediato- sin la intervención directa y en gran escala del Estado” (Estudios Públicos N° 13, CEP, 1984).

Sin embargo -y en lo que pareciera ser el destino ineluctable de esta administración-, el gobierno ha vuelto a equivocar el rumbo con este proyecto. Por cierto, necesitamos un Estado activo en materia educacional, pero activo no es sinónimo de invasivo: el aparato estatal está llamado a ayudar y potenciar la vida interna y el mejor despliegue de las diversas comunidades educativas. El proyecto propuesto, empero, apunta a centralizar aún más la educación que brinda el Estado. Si esta iniciativa llega a ser ley, los colegios y escuelas dependientes del mismo perderán su ya disminuida autonomía, y pasarán a ser el último eslabón de un complejo entramado burocrático, financiado íntegramente vía Ley de Presupuestos (dirección de educación pública, dependiente del Mineduc; servicios locales de educación pública; oficinas locales de dichos servicios; consejos locales de los mismos; etc.).

Es muy difícil comprender la actitud del gobierno. Es sabido, de hecho, que gran parte de los problemas de la educación municipal responden justamente a su falta de autonomía y flexibilidad. Según muestra un reciente estudio de la Universidad Diego Portales (“La voz de los directores”, 2015), el 51% de quienes dirigen establecimientos municipales piensa que la falta de autonomía en la toma de decisiones afecta negativamente su trabajo. A su vez, una encuesta de la Universidad Católica de Valparaíso da cuenta que el 56% de ellos cree que el exceso de labores administrativas es uno de los factores que más dificulta sus tareas (Programa de Estudios Sociales y Desarrollo, 2013). Un director, como último responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, debiese estar en condiciones de modificar y adaptar dicho proceso, pero el gobierno y la dirigencia política en general insisten en ignorar esta realidad.

¿Cómo explicar este nuevo equívoco? ¿Qué podría llevar a plantear, sin evidencia alguna que lo sustente, que la solución a los problemas de la educación municipal pasa por centralizar aún más su administración?

Mal que nos pese, detrás de todo esto pareciera existir una mentalidad centralista al abordar el fenómeno educativo en su conjunto. En rigor, salvo la educación particular pagada -apenas alrededor del 7% del total-, en Chile existen bajos grados de libertad en la definición de planes y programas; escaso margen de maniobra en la contratación, remuneración e incentivos para los profesores; y ahora, con la denominada Ley de Inclusión, nula independencia en los procedimientos de admisión. De este modo, bien puede pensarse que el centralismo que subyace al proyecto de ley de desmunicipalización no es más que el corolario del camino seguido hace años en materia de currículum, medición y admisión escolar, en los distintos niveles (esta es, por desgracia, una de las conclusiones a la que llegamos en un reciente cuadernillo publicado por el IES).

Considerando las múltiples deudas y tareas pendientes -basta recordar los bajísimos niveles en comprensión lectora y aritmética básica-, ¿por qué no intentar hacer las cosas de otro modo? ¿Por qué no escuchar más a los padres y a quienes trabajan a diario en educación? A fin de cuentas, ellos siempre sabrán más y mejor que un ente burocrático centralizado qué es y qué implica una educación de calidad.

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