Columna publicada el 29.10.19 en El Líbero.

La crisis que estalló en Chile hace unos días no admite lecturas apresuradas. Además de su magnitud, la cantidad de factores que influyen en ella impiden sacar conclusiones rápidas y así, dar con soluciones pertinentes y adecuadas supone un camino lento y cuidadoso. Por lo mismo, se requiere un trabajo minucioso: identificar aquellas áreas de la vida social que necesitan mejoras y cambios, y encontrar el mecanismo preciso para corregirlas. El asunto se vuelve aún más complejo cuando constatamos que nuestra clase política tiene una escasa conexión con el resto de la ciudadanía.

Por eso son preocupantes propuestas como la Asamblea Constituyente (AC) –distinta a la demanda por una nueva Constitución-, pues ésta supone una mirada gruesa de nuestra crisis: bajo esa lógica, las multitudinarias masas que marcharon en la Plaza Italia el pasado viernes querrían un cambio total del orden político y jurídico del país, sin distinción alguna de necesidades y prioridades. Más aun, ellas rechazarían todo tipo de institucionalidad, y por ello los mecanismos constitucionales y legales serían insuficientes para hacer cambios a la actual Constitución.

Si bien nuestra Constitución puede ameritar reformas, el llamado a una AC es irresponsable. Por un lado, el momento actual requiere de cierta mesura para identificar zonas problemáticas de nuestro orden político y económico, y un diseño cuidadoso de medidas capaz de superarlas sin mayores costos. Por otro, porque quienes la promueven se adjudican la vocería de un movimiento inorgánico, diverso y sin un petitorio establecido. La gravedad de esto va más allá del aprovechamiento de las circunstancias actuales. Y es que, al atribuir intenciones a un movimiento social muy fragmentado, se oscurece la lectura del mismo y se hace más difícil identificar aquellas demandas prioritarias de la ciudadanía.

Además, la AC supondría un período de tiempo largo para diseñar e implementar un procedimiento mediante el cual ésta se lleve a cabo, para discutir a nivel ciudadano las propuestas para una nueva Constitución, y finalmente para interpretarlas y elaborar un proyecto de carta fundamental (cosa que, por lo demás, ya se hizo en el gobierno anterior). Todo esto supone un gasto de energía y tiempo que bien puede ser dedicado a avanzar en las necesidades más urgentes de las personas. De ahí que llame la atención la liviandad con la que algunos políticos han promovido la iniciativa.

Si en un tuit el diputado Boric declara, junto a una foto de la marcha del pasado viernes, que “se abrieron las grandes alamedas. Llegó el momento de la Asamblea Constituyente” y al rato dice que “nadie puede atribuirse representación de todo este movimiento social”, entonces, ¿en qué está la izquierda? Tal vez sea hora de que cierta parte de ella se tome en serio los movimientos sociales, y deje de lado los esfuerzos por sólo llevar agua a su molino.