Carta publicada el miércoles 13 de abril de 2022 por El Mercurio. Señor Director: El lunes en la tarde y noche, muchos convencionales celebraron la aprobación en el pleno de la cláusula según la cual Chile es un “Estado social y democrático de Derecho”. En redes sociales y medios de comunicación hablaban de un “día histórico”, del término de la “visión neoliberal” y un sinfín de ideas similares. Desde luego, puede pensarse que todo esto supone una confianza excesiva —casi religiosa— en el poder de los textos legales; sin embargo, el problema no se agota ahí. Los convencionales omitieron de manera generalizada (¿por temor a las encuestas?) que la cláusula aprobada también define al Estado como “plurinacional, intercultural y ecológico”. Pero eso no es todo. Además, en paralelo, el pleno rechazó que la justicia indígena —la manifestación jurídica de la plurinacionalidad— aplique solo entre indígenas, y rechazó también excluir a los asuntos penales de esta clase de jurisdicción. Lo anterior contraviene los bullados estándares internacionales y las reiteradas recomendaciones de un amplio elenco de expertos e instituciones de la sociedad civil. Por desgracia, esta combinación de símbolos que dividen al país, información selectiva, indiferencia a la crítica ciudadana e irresponsabilidad al articular el equilibrio de poderes, particularmente en materia judicial, resume a la perfección el inquietante momento del órgano constituyente.