“Nos vamos a posicionar desde el aprobar para mejorar”. Con estas palabras la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, se sumó a quienes nos invitan a decirle que sí a la Convención y su borrador, no obstante criticarlo. Aunque esta mirada quizá facilite el diálogo posterior al plebiscito —el contraste con Fernando Atria es elocuente—, me temo que omite tres puntos relevantes.
El primero es que los problemas de la Convención no son marginales, sino estructurales. En términos políticos sólo recoge la agenda de un sector determinado: básicamente, del Frente Amplio y el PC. ¿Cómo construir desde ahí un pacto constitucional transversal, mayoritario y de alcance nacional? En términos institucionales el resultado no es mucho mejor. Se fortalece una cámara de diputados que prolonga las lógicas de la Convención, y que podría alinearse con un Presidente que además opta a la reelección. En paralelo se elimina el Senado, se crea un Consejo de la Justicia con minoría de jueces, el Servel depende de ese Consejo, y así. No son defectos menores: es el equilibrio básico de poderes el que está en juego. Justo cuando el principal riesgo que padecen las democracias es su eventual erosión y captura por dentro.
El segundo problema es que, de ganar el Apruebo, las reformas serían sumamente difíciles bajo el actual Congreso. Todo lo “sustancial” (derechos, sistema político, medioambiente, órganos legislativos, etc.) exige o bien un quórum de 2/3, o bien un quórum de 4/7 y un plebiscito. Hay más: no es para nada claro el alcance del consentimiento previo de los pueblos indígenas —sí: su consentimiento— que exige el borrador ante cualquier medida que los afecte en el ámbito territorial. Si añadimos la lógica según la cual el Congreso Nacional sería algo así como una “institución desleal”, la conclusión es obvia: sería muy (muy) complejo cambiar el texto.
Lo anterior conecta con el tercer problema del “apruebo para reformar”. Ocurre que el plebiscito dejará ganadores y perdedores y, dada la dinámica que instaló la Convención, unos y otros ya parecen definidos. Si triunfa el “apruebo” no sólo pierde la derecha. Pierden también la centroderecha que ha querido dialogar, una parte importante de la centroizquierda y, en general, quienes miran con algo de orgullo los 30 años posdictadura. ¿Y quiénes serían los vencedores? Los que validaron la soberbia constituyente y la visión del Chile republicano como pura opresión y despojo. Quienes tildan la destrucción del 18-O como “hechos necesarios” e impulsan la “amnistía para los presos de la revuelta”. Bassa y Barraza, Stingo y Baradit, Politzer y Woldarsky. ¿Es su victoria el mejor punto de partida para el debate constitucional que inevitablemente retomaremos el 5 de septiembre?
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