“El respeto a los cuerpos intermedios entre el hombre y el Estado, expresión del principio de subsidiariedad, representa la clave de la vigencia de una sociedad auténticamente libre”. Estas palabras fueron escritas en 1980 y pertenecen a Enrique Ortúzar, presidente de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución. El concepto, como sabemos, había sido impulsado con especial fuerza en el marco de la comisión por Jaime Guzmán, quien lo había tomado de la Doctrina Social de la Iglesia, donde ocupa, junto a la solidaridad, un lugar central. Han pasado 35 años desde entonces y el concepto de subsidiariedad ha sufrido un curioso destino. En una primera etapa, en medio de los embates de la guerra fría, con el objetivo de ordenar las propias huestes y para cerrar el paso a las propuestas cooperativistas y comunitaristas que los democratacristianos levantaban todavía en esos tiempos, buena parte de la derecha optó pragmáticamente por un maridaje entre este principio y el liberalismo económico de corte hayekiano. El resultado fue la idea de que allí donde pudiera operar el sistema de precios para solucionar un problema, había que dejarlo operar. Y que allí donde no pudiera operar y tuviera que intervenir el Estado, esta intervención debía orientarse a, eventualmente, mercantilizar ese espacio o al menos ser lo más parecida posible al mercado. En otras palabras, la idea de subsidiariedad se convirtió en una especie de sinónimo del laissez-faire. Esta idea de hacer compatibles la Doctrina Social de la Iglesia y el liberalismo económico fue robustecida por un intenso trabajo intelectual en la época. De hecho, fue el propio Jaime Guzmán quien, luego de leer El espíritu del capitalismo democrático, del teólogo libertario norteamericano Michael Novak, mandó a comprar una caja de copias del libro a Argentina, para repartir a los militantes de la UDI. Y fue el Centro de Estudios Públicos el que dedicó mucho espacio de los primeros números de la revista Estudios Públicos a profundizar en este tema, lo que dio como fruto en 1988 una compilación de artículos titulada Cristianismo, sociedad libre y opción por los pobres, cuyo editor fue el propio Eliodoro Matte. Esta combinación resultó tan eficiente que, pasado un tiempo, se hizo incuestionable. Luego Guzmán fue asesinado, el liberalismo económico se hizo hegemónico y ya nadie se molestó en pensar el asunto de la subsidiariedad, moviéndose los debates hacia las políticas públicas. La izquierda, por su parte, ni siquiera hizo el esfuerzo de tratar de disputar algún aspecto de este principio. Al contrario, lo entregó y se dedicó a hablar de él como quien habla del diablo, levantando el fetichismo estatal como alternativa. Pero las cosas han cambiado: tenemos los frutos de esta lectura de la subsidiariedad a la vista y el actual cuestionamiento de todo y todos llevará a este principio más temprano que tarde al banquillo de los acusados. Y si bien es cierto que la Constitución actual no contiene una lectura hayekiana de la subsidiariedad -prueba de ello son las múltiples interpretaciones que de ella ha hecho el Tribunal Constitucional-, es del todo probable que el concepto se transforme en un campo de disputa político. El problema, por supuesto, es que existe el riesgo cierto de que el debate no esté a la altura del principio en cuestión. Y eso es muy grave cuando lo que se discute es de qué manera el orden institucional puede resguardar aquellos bienes esenciales para la realización humana. Por ello, publicar un libro como Subsidiariedad. Más allá del Estado y del mercado, que el Instituto de Estudios de la Sociedad acaba de presentar, tiene pleno sentido. Esperemos que otros recojan el guante.