A nadie sorprendió que la preocupación ecológica se erigiera como uno de los principales temas a consagrar en la nueva Constitución. Ya en el año 2018, por ejemplo, la Encuesta Nacional del Medio Ambiente mostraba que un 48% de los chilenos entre 18 y 30 años votaba solo por candidatos que situaban el cuidado de la naturaleza como prioridad. Fue dentro de esas inquietudes que la cuestión del agua adquirió gran relevancia. Tratándose de un recurso esencial, hay hogares, animales y cultivos que siguen sin acceso a ella hasta la fecha, especialmente en sectores rurales.

Bajo ese marco, los cuestionamientos a la regulación y a la institucionalidad que velaba sobre ella fueron incrementándose cada vez más, especialmente cuando son comunidades enteras las que llevan años padeciendo los estragos de la llamada “megasequía”. El caso más emblemático es el de la zona Petorca-La Ligua, abastecida de modo intermitente por camiones aljibe desde el año 2011 (con todas las limitaciones cotidianas que eso conlleva para la población). Pero el problema no es aislado: solo para ilustrar el panorama, el 53% de nuestras comunas yacen bajo decretos de emergencia hídrica. Reorganizar, proteger, distribuir y lograr un uso eficiente para recuperar niveles de masa acuífera debe convertirse en una de las prioridades políticas a nivel nacional.

En este contexto, las líneas que siguen buscan realizar un breve diagnóstico de tres instituciones fundamentales vinculadas al uso del agua, a saber: los derechos de aprovechamiento, el mercado de aguas y la Dirección General de Aguas. Luego, se expondrá una propuesta constitucional sobre la materia para terminar con algunas reflexiones.