Columna publicada el 05.04.19 en el Diario Financiero.

Quien lea “La riqueza de las naciones” de Adam Smith, nos advierte el profesor escocés Gavin Kennedy, se encontrará con la idea de “mano invisible” sólo una vez dentro del extenso texto, refiriéndose al riesgo comercial marítimo. Si lee la obra completa del autor, la verá tres veces, siempre como metáfora literaria. Luego, no existe en Smith una “teoría de la mano invisible”, entendida como un orden espontáneo de los mercados.

Lo que sí encontrará el lector, tal como destaca Jesse Norman en su recién aparecida biografía intelectual de Smith, son observaciones casi etnográficas sobre la operación de mercados concretos. Y, entre esas observaciones, muchas referencias a las artimañas y trucos de los comerciantes. El padre de la economía, nos dice Norman, “no idolatra el mecanismo del mercado ni ve el intercambio mercantil como la panacea para curar los males económicos, y sabe bien que mucho de la actividad económica no opera a través de los mercados”. De ahí que vaya siempre al caso concreto.

Hoy los economistas y los abogados rara vez se aproximan de esta forma a los mercados. Pero cuando lo hacen, los resultados son siempre interesantes. Tal es el caso del informe de la Fiscalía Nacional Económica respecto a los textos escolares que acaba de ser publicado, y que por fin ilumina la operación de un negocio tan millonario como opaco. Negocio que, mirado de cerca, deja relucir sus propios trucos y artimañas.

El informe prueba de manera definitiva, por ejemplo, que no hay diferencias de calidad entre los textos escolares del sistema estatal y los del sistema privado. Esto no quiere decir que su calidad sea buena –tal asunto excede el foco de una fiscalía económica- pero sí que la diferencia de hasta 40 veces entre el precio de unos y otros no redunda en diferencias de calidad. También la investigación prueba que el sistema de reforzamiento virtual y capacitación docente que algunas editoriales usan para justificar la diferencia dista mucho de conseguirlo. Y también deja al desnudo el hecho de que casi todos los colegios carecen de criterios transparentes para seleccionar sus textos escolares: como no pagan ellos, el precio no les importa. Por último, quedó claro que no hay razones para que el contenido y la impresión sean licitados en conjunto por parte del Estado.

El Estado gasta anualmente alrededor de 52 millones de dólares en textos escolares. Eso cubre tanto sus establecimientos como a aquellos particulares subvencionados. El mercado privado, en tanto, a pesar de incluir a sólo un 7% de los estudiantes del país, mueve alrededor de 64 millones de dólares, con libros que están entre los más caros del mundo.

Ya que no hay diferencias entre textos estatales y privados, quizás la mejor primera medida para generar movimiento en este ámbito y aliviar a las familias sea darle la opción a los colegios privados de usar los textos del MINEDUC. Este sería un buen primer paso para sacar estas manos, ahora visibles, de los bolsillos de los chilenos.