El Presidente Boric ha cometido una serie de imprudencias públicas y notorias desde que asumió el poder el 11 de marzo de 2022. Entre ellas se encuentran diferentes acciones que podrían considerarse intervencionismo electoral durante la campaña previa al plebiscito del 4 de septiembre de 2022 (“intervencionismo sin precedentes”, según Belisario Velasco); la postergación del pago de la deuda de las cuentas de la luz al parecer motivada por idénticas razones electorales; los indultos a “los presos de la revuelta” y a Jorge Mateluna, condenado por un robo al Banco Santander en 2013; y el enfrentamiento con la Corte Suprema por calificar al mismo Mateluna de «inocente», entre otras cosas. En abstracto, cualquiera de estos hechos probablemente hubiera significado una acusación constitucional contra el Presidente Piñera en su momento. 

En ese sentido, la errática actuación de Boric en el caso Monsalve ha sumado otro episodio a la lista. El Presidente ha mostrado una conducta equívoca que lo ha llevado a cometer diversos errores, algunos de los cuales podrían implicar responsabilidad jurídica. El exministro del Interior, Jorge Burgos, señaló el pasado fin de semana que en este asunto se ha notado “la falta de experiencia del Presidente Boric”. De la investigación de la fiscalía y de sus propias declaraciones, por ejemplo, se puede extraer que el Mandatario estaba al tanto del tipo de denuncias efectuadas contra Monsalve, pero optó por mantenerlo en su puesto por motivos que aún cuesta comprender. Tal vez habría permanecido allí por más tiempo si La Segunda no hubiese publicado el caso. 

Con esos antecedentes a la vista, ¿merece el Presidente una acusación constitucional?

Desde luego, esta clase de acusaciones, además de ser herramientas jurídicas, tienen una dimensión política que no puede ignorarse. Esta naturaleza política, a su vez, implica que debe ser ejercida con máxima prudencia por parte de quienes tienen la facultad de utilizarla, siempre evaluando el mérito de los hechos, pero también las circunstancias que la rodean. En este caso, el mismo Presidente ha dicho, quizás sin intención, que incurrió en un aparente delito de omisión al no denunciar a Monsalve por obstrucción a la justicia.

En su declaración voluntaria a la fiscalía, revelada por The Clinic, Boric admitió tres hechos que podrían fundamentar una posible acusación constitucional en esa línea: primero, que el martes 15 de octubre a las 16:00 horas supo que su entonces subsecretario del Interior había sido denunciado por violación y abuso sexual; segundo, que ese mismo día se enteró del acceso que Monsalve, en el ejercicio de sus funciones, tuvo a las cámaras de vigilancia del hotel; y tercero, que fue recién el jueves 17 cuando le pidió la renuncia. En otras palabras, Monsalve tuvo casi dos días para actuar libremente en uno de los puestos más poderosos del Estado debido a la inacción del Mandatario.

Sin embargo, aunque parezca contraintuitivo, y pese a la gravedad de los hechos, lo más prudente sería que la fiscalía termine su investigación, antes de evaluar una eventual acusación constitucional. Desde luego, esto no quiere decir que se deban olvidar estos errores.

Pero si la oposición se apresura, toma la iniciativa y acusa al Mandatario, la izquierda capitalizará la victimización y desviará la atención del caso, además de perturbar el contexto en el que se lleva a cabo la investigación penal. En cambio, si Monsalve es condenado por un tribunal, el gobierno deberá afrontar los costos sin poder evadir su responsabilidad. Por otro lado, si la oposición decide entablar el juicio político, la derecha podría quedar marcada, al igual que la izquierda en el estallido, de intentar boicotear la tradición presidencial tras la recuperación de la democracia.

En cualquier caso, es claro que el actual Mandatario ha contribuido al deterioro de la institución presidencial desde dentro. Eugenio Tironi afirmaba hace unos días que el legado de Gabriel Boric será un país más reconciliado: “un legado más parecido al de Aylwin que al de Allende”. Sin embargo, todavía esperamos ver en el actual jefe de Estado ese respeto y cuidado que el Presidente Aylwin tenía para con las instituciones. Las mismas que hasta ahora el Presidente Boric ha debilitado y que el sistema político en su conjunto debe proteger.