Columna publicada el 30.11.19 en La Tercera.

Hoy tenemos dos grandes problemas entrelazados: uno es de orden político y otro es de orden público. Es necesario entender que son diferentes. El primero de ellos, el de “la calle”, es el hartazgo masivo y transversal con los abusos cotidianos de algunas instituciones estatales y privadas. De eso se trataban las marchas más masivas desde el retorno a la democracia. De eso se trata la dignidad. El segundo es un problema de seguridad interior generado por violentistas, agitadores, narcotraficantes y delincuentes oportunistas. Ambos asuntos han terminados mezclados tanto en la realidad como en el discurso de la autoridad: la fuerza represiva se ha visto difuminada tratando de contener a ambos grupos, entrando en una espiral de violencia sin fin con los manifestantes de la calle -marcada por abusos de autoridad- y no dando abasto para detener a los criminales. A nivel de discurso político, La Moneda no ha sido capaz de distinguir bien entre unos y otros, haciendo sentir, en reiteradas oportunidades, que el discurso bélico del Presidente se dirige contra la propia población civil movilizada.

La llamada “agenda social” del gobierno, por otro lado, ha fallado en entender que la gente no quiere meterles más plata fiscal a las mismas instituciones que sienten, con razón, que los abusan. Plata que saben que saldrá, principalmente, de sus propios impuestos.

Ya no queda tiempo para seguir equivocándose. La situación se ha deteriorado tanto, que es inminente el uso de la fuerza militar para detener a saqueadores e incendiarios. El problema es que si no se despeja la calle de en medio antes, la salida de esos militares puede terminar en una tragedia monstruosa, de esas que ensucian para siempre la historia de los países. Como Santa María, Pampa Irigoin o Ránquil.

Despejar la calle exige una agenda de reformas sociales que se haga cargo de detener los abusos del sistema, y no solo de meterle más plata al sistema. Estas reformas deberían incluir, por lo menos, a las AFP (separar tercera y cuarta edad, poner tope de ganancia, comisiones vinculadas a resultado), a las isapres (seguro universal de salud, isapres como aseguradoras complementarias), a las farmacias (las 15 medidas propuestas por la FNE), a la banca y el retail (tope a la carga anual equivalente de los préstamos) y a las cárceles y el Sename (derechos humanos básicos garantizados). A esto se podría sumar el grave problema de vivienda que enfrentan las personas que reciben subsidios del Serviu que, al final, terminan siendo inútiles para conseguir un hogar (esto exige un cambio en las reglas del juego en la industria inmobiliaria en lo relativo a la vivienda social).

Un acuerdo nacional para detener los abusos económicos e institucionales, un acuerdo por la dignidad, entonces, debe reemplazar lo antes posible la llamada “agenda social”. Tal acuerdo no nos llevará a Venezuela, sino a un capitalismo democrático sano. Y debe ser respaldado por todos los partidos demócratas y explicado por televisión abierta mediante una campaña nacional. Y luego, solo entonces, puede pedirse a la ciudadanía que abandone la calle para poder aplicar una legítima violencia contra los criminales que tienen al país de rodillas.