Columna publicada el 27.11.19 en el Diario Financiero.

El acuerdo firmado en la madrugada del 15 de noviembre enfrenta grandes desafíos. El primero y más urgente viene dado por el contexto actual. Sin una dosis mínima de orden público será inviable desarrollar un proceso constituyente digno de ese nombre. El acuerdo todavía es frágil, y debe consolidarse tanto al interior de las élites políticas como en las grandes masas ciudadanas. Un clima marcado por vandalismo, saqueos e incendios hará sencillamente imposible deliberar sobre la Constitución (en rigor, sobre cualquier cosa).

Además, el itinerario propuesto deberá lidiar con el exceso de expectativas. Un nuevo pacto social implica modificaciones legales y constitucionales, pero ambos planos no se identifican. Hoy se demandan no sólo creaciones o mejoras institucionales, sino fundamentalmente nuevos tratos y prácticas en la vida cotidiana. Esto excede las posibilidades de un texto constitucional y, más aún, del Estado mismo. En palabras de Hölderlin, el Estado es como el muro que protege al jardín. Y es acá, en el complejo entramado al que dan vida familias, colegios, empresas y un sinfín de agrupaciones humanas irreductibles al Estado, donde también emergió el malestar social tan difuso como innegable. Al pensar en soluciones debemos recordar que la sociedad civil es el motor de la vida común (y las responsabilidades consiguientes).

Con todo, el acuerdo constitucional representa una oportunidad muy valiosa. Por de pronto, es un intento de encauzar de forma institucional un conflicto muy complejo y multicausal. Esto es indispensable, pues las demandas son muchas, diversas y a ratos irreconciliables: sin dirigentes, partidos ni parlamento no hay manera de canalizar las necesidades, anhelos e intereses de la población. Obviamente, un cambio constitucional no es la panacea ni la solución mágica, pero si el acuerdo permitió comenzar a procesar esta crisis por vía institucional, no cabe menospreciar a priori su potencial.

Asimismo, este escenario también ofrece una oportunidad para solucionar el problema constitucional. Mal que nos pese, la firma que estampó Ricardo Lagos en la Constitución el 2005 no zanjó esta disputa. Al contrario, desde ese año, y más allá de sus intermitencias, la discusión sobre la Carta Fundamental se ha tomado la agenda pública en varias ocasiones. Raymond Aron decía que el principal valor de una Constitución es ser evidente para quienes viven bajo sus reglas. Guste o no, eso no ocurre en Chile. Se trata de un problema que, por el bien de todos –por la salud del debate político, por la certeza jurídica, por la legitimidad de las instituciones– exige ser abordado.

En ese sentido, el acuerdo entrega no sólo una posibilidad real de resolver el descrédito de la Constitución, sino que hacerlo de la mano de la política. En efecto, lo que tendremos es un proceso sumamente político: el órgano constituyente no tendrá la pureza de los ángeles, pues su composición se asemejará a la que tiene hoy el Congreso. Se trata de una oportunidad única para mostrar cuán inseparables son participación y representación. Y si este proceso es fructífero, nos puede ayudar a disminuir la brecha entre las élites políticas y la ciudadanía. Desde luego, todo esto requiere buena fe y generosidad, pero la firma del acuerdo confirmó que ellas están disponibles. El desafío es mantener ese ánimo sin caer en interpretaciones maximalistas, pues hay demasiado en juego. A fin de cuentas, no habrá solución alguna a la crisis fuera del sistema político.