Columna publicada en diario El Mercurio, 6.01.14

La Encuesta Nacional Bicentenario 2013 muestra más de un 90% de rechazo al "aborto libre": un 33% piensa que nunca debe ser permitido, y un 59% cree que solo en determinadas circunstancias. Los últimos proyectos de ley sobre aborto, y también algunas candidaturas presidenciales, se refirieron a estos casos, como riesgo de la madre, embarazo producto de una violación y enfermedad grave del niño que está por nacer.

Es importante diferenciar estas hipótesis, porque muchas de ellas ya están resueltas por la práctica médica. Esta, por ejemplo, distingue entre actos abortivos, que directamente persiguen terminar con el feto, y aquellos tratamientos que, buscando sanar a la madre, eventualmente pueden llegar a dañarlo. Aquí no estamos frente a un aborto, incluso si el niño deja de existir, sino que ante la consecuencia dramática (y no deseada) de una determinada terapia, como salpingectomía, quimioterapia u otra. En consecuencia, un debido cuidado por la salud de la madre no requiere reformas legales en este punto. En especial cuando no existe evidencia sobre beneficios médicos derivados del aborto electivo. Más aun, como ha explicado el Dr. Elard Koch, estudios recientes muestran que los abortos inducidos -no así las pérdidas espontáneas- tienen una alta probabilidad de provocar problemas de salud mental extendidos en el tiempo. Además, países con legislaciones restrictivas en esta materia, como Polonia y Chile, presentan las menores tasas de mortalidad materna en sus regiones, superando a países más ricos y permisivos en cuanto a aborto. En otros casos, particularmente dolorosos, se reclama más directamente un "derecho a abortar": cuando el niño que está por nacer padece una enfermedad grave o el embarazo es consecuencia de una violación. Se trata de situaciones dramáticas, que exigen un fuerte apoyo de la sociedad civil y del Estado, porque para proteger la vida humana no basta la preocupación. Pero este apoyo, además de decidido, debe ser justo: no se puede hacer el bien atentando contra un ser humano inocente. La pregunta fundamental, entonces, es si quien está en el vientre materno merece ser tratado como uno de nosotros, o si podemos disponer de él como un medio. Este es el foco de la discusión. Especialmente porque, en los países en que se permite el aborto, la mayoría de ellos se dan después de la sexta semana. A esa altura, hasta el aspecto del feto confirma que se trata de un individuo -pequeño- de la especie humana, y quienquiera que lo vea reconocerá en él una guagua. Por ejemplo, a fines del primer trimestre, cuando ocurren la mayoría de abortos en EE.UU., el niño no solo tiene brazos y piernas, sino que también uñas y huellas digitales. En este contexto, debemos preguntarnos ¿quiénes somos para disponer de otro miembro más pequeño de nuestra especie? ¿Es una cosa a nuestra disposición solo porque está en el cuerpo de otro o no está completamente desarrollado? ¿Podemos hacer con él lo que queramos, incluyendo envenenarlo o desmembrarlo? Nadie puede negar el drama de un embarazo difícil, ni tampoco la necesidad de apoyarlo. Pero al hacerlo no podemos disponer ni de la madre ni del niño, porque no estamos hablando de cosas, sino de seres humanos. Nada en este debate tiene la simpleza de la racionalidad instrumental, y por eso debemos buscar alternativas auténticamente humanas, que respeten la dignidad de todos los pacientes implicados. La experiencia en cuidados paliativos perinatales ante malformaciones congénitas letales, liderada en Chile por el Dr. Jorge Neira, es un ejemplo de humanidad, del que tenemos mucho que aprender. Buscando contribuir a un debate difícil, el Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), IdeaPaís y Res Publica damos a conocer nuestras conclusiones sobre los aspectos clave de esta discusión. Lo hacemos con la convicción de que la justicia y el derecho exigen respetar la dignidad de la madre, del niño, del médico y de todos los involucrados. Esto podría parecer exigente, pero el respeto a los derechos humanos básicos siempre lo es de algún modo. Y ello no solo nos aleja de medidas injustas, sino que nos exige, en primer lugar, pensar en soluciones más humanas. Claudio Alvarado R. Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad Pablo Varas V. Director de Estudios IdeaPaís Julio Isamit Presidente Instituto Res Pública