En Chile cualquier mujer puede recibir el tratamiento necesario para curarse de una enfermedad mortal. La ley no niega que una mujer embarazada reciba dicho tratamiento, incluso cuando se pone en riesgo la vida del hijo que está por nacer. Los médicos realizan estos tratamientos a diario, y nunca han sido acusados legalmente por ello.

Nuestro derecho sanciona el aborto sólo cuando el acto cometido apunta directamente a matar al niño en el vientre materno. Eso no ocurre con un tratamiento normal, que se aplica para salvar la vida de la madre, no obstante puede tener efectos (no deseados) en el hijo.

Si los proyectos de ley relativos al aborto “terapéutico” fueran como dicen algunos de los parlamentarios que lo promueven, serían triviales. No implicarían ningún cambio a la situación actual. Hoy en día se puede realizar el tratamiento necesario para la mujer, aún cuando peligre la vida del que está por nacer. Tampoco presenta problemas interrumpir un embarazo si el feto ya está muerto. El problema es que los proyectos incluyen hipótesis más cuestionables que las que suelen defender públicamente sus promotores.

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