El drama vivido por dos niñas embarazadas, luego de ser violadas, ha vuelto a poner en el tapete de la discusión el tema del aborto “terapéutico”, y desde la ex Presidenta Bachelet hacia abajo no han faltado voces abogando por su aprobación. En algún sentido esto resulta comprensible, porque ante crímenes tan atroces lo mínimo que podemos hacer es buscar medidas que alivien la situación de quienes han sufrido tal nivel de violencia y vejación. Considerando que no podemos volver a estas niñas a la situación en que se encontraban antes de ser violadas, es esperable que algunas personas propongan, en lo posible, avanzar en esa dirección, incluso pasando por encima de las nuevas vidas que se están gestando.

Sin embargo, para hacer justicia no basta con tener buenas intenciones, y por lo mismo debemos tener cuidado: si estamos combatiendo la injusticia, lo mínimo es no utilizar medios injustos. Por ello, por ejemplo, no podemos avalar mutilaciones o torturas para los agresores de las niñas que han sido violadas. La rabia es entendible, pero si como sociedad entendemos que la vida y la integridad física son bienes contra los que no podemos atentar, ello también vale para quien ha violado una niña, por mucho que nos cueste aceptarlo. Estos criminales deben recibir el castigo que en justicia corresponde, lo cual excluye no sólo la permisividad, sino que también la venganza.

Las mismas exigencias de justicia llevan a afirmar que el respeto a la vida humana exige, al menos, no intentar directamente y en ninguna circunstancia el homicidio de una persona inocente. Si no nos resulta legítimo disponer de la vida de un criminal, menos aún podemos hacerlo cuando se trata de una vida sin culpa alguna. Por ello, el aborto no es una solución razonable ante las tragedias que hemos conocido estos días. Además, nadie podría negar el drama que implica para una mujer llevar un embarazo originado tras una violación, pero precisamente por lo mismo, si realmente nos importa su situación, cabe preguntarse si es responsable y coherente llevarla a ser cómplice de la muerte de su hijo. ¿Por qué la alternativa sugerida es ésta, y no promover redes de acogida, facilitar la adopción u otras semejantes?

Lo anterior se agrava si consideramos que las niñas que han sufrido estas violaciones son eso, niñas menores de edad, y por lo tanto incapaces de tomar decisiones desde la perspectiva jurídica. Ello pone de manifiesto que acá no se trata de “darle libertad” a las niñas, sino que de algo distinto: pareciera que existen algunas personas que creen que lo mejor para ellas sería abortar, y que por lo mismo persiguen que el Estado promueva esa decisión. Luego, la discusión no es entre “partidarios de la libertad” versus “partidarios de la vida”, sino entre aquellos que creen que la vida humana puede ser sacrificada en alguna circunstancia, y aquellos que consideramos que la vida humana no se puede vulnerar directamente en ningún caso, por doloroso que sea.

Estas ideas tienen alcance universal, y por ello no sorprende que, hace pocos días, el Consejo de Seguridad de la ONU haya rechazado que las víctimas de violación durante la guerra cuenten con un “derecho al aborto”. El drama que sufren esas mujeres debe ser de las mayores atrocidades que pueden darse en la vida de una persona, pero ni siquiera esas circunstancias disminuyen la condición de ser humano del niño que está por nacer, y por ende no legitiman un atentado directo contra su vida. En último término, todos nos empobrecemos moralmente al aceptar la muerte de un inocente para remediar un mal, aunque sea un mal extremadamente grave, y eso explica decisiones como las adoptadas en esta ocasión por la ONU.

En cualquier caso, es importante advertir que, en sentido estricto, nada de esto tiene relación directa con la polémica en torno al aborto “terapéutico”. Por lo demás, es sabido que en Chile toda mujer embarazada cuya salud esté en peligro puede recibir el tratamiento necesario, incluso si con él se pone en riesgo la vida del niño que está por nacer. La práctica médica se ve expuesta frecuentemente a estos escenarios, y obviamente ningún médico ha sido perseguido por ello. Una cosa es intentar matar directamente al nasciturus, y otra totalmente distinta tomar medidas que buscan salvar la vida de la madre, no obstante puedan llegar a tener efectos no deseados en la salud del hijo.

Por todo lo anterior, el dilema planteado en estos días es más radical que la salud o el peligro de la madre: permitir el aborto en casos de violación (u otro tipo de agresión sexual) implica aceptar una acción “médica” que deliberada y directamente está orientada a terminar con la vida del niño que está por nacer, lo cual equivale a aceptar el aborto puro y simple, aunque sea sólo en algunos supuestos. Por ello, es de esperar que quienes abogan por el aborto a secas expongan sus argumentos con honestidad intelectual, y no instrumentalicen un drama ajeno con tal de imponer su agenda, que mientras no argumenten en sentido contrario es susceptible de ser calificada como reñida con el respeto y promoción de los derechos humanos. Lo que está en juego es muy importante, y por eso no es trivial disponer los medios que permitan sostener una discusión auténticamente racional.