El diputado Gonzalo Winter ha señalado que mantener la batalla ideológica es fundamental para avanzar la causa del bloque político, que él considera que se trata de promover los intereses de la clase trabajadora.

¿Tienen sentido estas afirmaciones? Los miembros del Frente Amplio llevan casi 15 años en la arena política, por lo que sus obras ya hablan por ellos. Y resulta difícil, observando esta trayectoria, defender que la clase trabajadora -obreros y empleados precarios del sector servicios- represente el foco de los intereses del partido.

El núcleo dirigente del Frente Amplio pertenece a la media y alta burguesía. El mismo Winter, que nunca ha trabajado en algo distinto a la representación política, es un egresado del Colegio Verbo Divino, y su perfil no resulta excepcional entre sus pares. A nivel de militantes y simpatizantes, lo que prima son personas de clase media profesional. De ahí viene el 30% incombustible, según las encuestas.

Un partido burgués, entonces. Pero todavía podría representar, en teoría, intereses de clase ajenos a los propios. ¿Lo hace? La respuesta es negativa. Las reformas educacionales que fueron el buque insignia del asalto político del Frente Amplio y el caballo de batalla de Bachelet II han nivelado hacia abajo en relación a la calidad educativa. El porcentaje de analfabetos funcionales producido por el sistema no ha cambiado en 25 años y los liceos de excelencia destruidos fueron reemplazados por nada. La gratuidad universitaria, en tanto, ha promovido un modelo institucional entre los planteles públicos y privados no selectivos que privilegia el volumen por sobre la calidad, segregando todavía más el sistema y entregando títulos de segunda categoría que chocan con las expectativas de los estudiantes y sus familias. La crisis actual de la Universidad Alberto Hurtado -pluriclasista y de gasto intensivo- dice bastante al respecto. La falta de intelectuales propios de esta generación de izquierda explica su nula reflexividad sobre estos asuntos.

La migración descontrolada, por su parte, que el Frente Amplio siempre defendió bajo el lema “nadie es ilegal”, ha golpeado más a los sectores populares, más expuestos a las nuevas formas de crimen, cuyos barrios se han vuelto irreconocibles en apenas un lustro, y cuyos servicios básicos ya deficitarios se han visto atiborrados. Lo mismo ocurre con el ataque sistemático de la nueva izquierda contra Carabineros antes de ganar la presidencia: los más dañados por el vacío de autoridad y orden público son los más débiles.

La ausencia de crecimiento, finalmente, significa también falta de oportunidades económicas para las mayorías, y en trabar la máquina económica el Frente Amplio también ha sido campeón.

¿Por qué una facción oligárquica se presenta, en este caso, como si fuera enemiga de la oligarquía? La razón está en disputas internas de clase, y no en el buen corazón de los Gonzalos Winter. En efecto, lo que tiene bloqueada toda posibilidad de avance político es hoy la encarnizada lucha de élites que se libra entre grupos instalados y desafiantes: hay demasiadas más personas con la expectativa y las credenciales para ejercer puestos de poder e influencia, que puestos disponibles. Y eso, como muestra Peter Turchin en su libro “Final de partida”, y corrobora Juan Pablo Luna para Chile, es un factor que empuja a los sistemas políticos al colapso.

La sobreproducción y consecuente lucha de élites hace especialmente difícil el avance o promoción de las clases menos privilegiadas: la captura progresivamente desvergonzada del Estado por los lotes en disputa, así como su explotación desenfrenada, hacen que lo que llegue en forma de servicios a los ciudadanos comunes y corrientes sea cada vez peor y menos. El caso “Convenios”, así como la explotación desvergonzada del INDH -cuya directora, Consuelo Contreras, tiene un sueldo superior a los 6 millones de pesos- con fines electorales pigmeos (dañar la candidatura municipal de Mario Desbordes), ilustran lo que digo. También, por cierto, que Winter, imaginado campeón del pueblo, haya hecho esfuerzos ingentes por desincentivar el voto de sectores populares y migrantes legales manipulando la ley electoral.