Sr. Director: 

Carlos Peña (ayer) acierta al advertir las dañinas consecuencias institucionales del acuerdo impulsado por el gobierno para, en los hechos, dejar sin efecto la sentencia referida a la toma de San Antonio. Con todo, cabe añadir que no es primera vez que las fuerzas políticas que "habitan" La Moneda legitiman las vías de facto en desmedro de las reglas legales y los fallos de los tribunales. Sin ir más lejos, hace poco se cumplieron dos años de los malogrados indultos a los "presos de la revuelta" y Jorge Mateluna, ocasión en la que el pleno de la Corte Suprema se vio en la ingrata necesidad de recordar al jefe de gobierno que no puede, "en caso alguno, ejercer funciones judiciales". 

Por otro lado, tampoco es la primera vez que el oficialismo dilata la ejecución de sentencias; basta recordar las sucesivas prórrogas en materia de Isapres. Conviene notar la mentalidad involucrada: primero el Ejecutivo es incapaz de ejercer sus responsabilidades en tiempo y forma para después, a última hora, intentar posponer las consecuencias de su inacción. Dicha mentalidad -propia de un alumno universitario que no entrega a tiempo su trabajo y luego pide más plazo- puede ser leída como otra manifestación de la idiosincrasia que ha exhibido la nueva izquierda en el poder: la idea según la cual es posible gobernar un país como si se tratara de una federación de estudiantes. Los resultados están a la vista.