El orden no se sostiene sólo con policías, sino también con un entramado institucional sostenido en algún tipo de reciprocidad, donde las exigencias del sistema descansan en promesas que deben ser efectivas.

En su crónica “La niña Ámbar”, la periodista Ivonne Toro hace un recorrido por la vida de Ámbar Cornejo, joven asesinada por la pareja de su madre, Hugo Bustamante, en complicidad con ella. Allí relata, entre otras cosas, cómo el Estado falló en incontables oportunidades a la niña, mostrándose incapaz de protegerla. A pesar de todas las medidas de protección, los juicios, el Sename, los abogados, nada fue capaz de cambiar la vida de Ámbar. Era tal su soledad, que pocos meses antes de su muerte, Ámbar escribió en el libro de reclamos del edificio donde vivía con su mamá: “Yo Ámbar Cornejo del departamento […], quiero dejar un reclamo sobre Hugo Bustamante. Se prohíbe su entrada porque es un asesino psicópata y puede causar daños a mi familia y mi mamá no quiere entender, por eso escribo esta nota como un reclamo y para que él no pase nunca más por el departamento”. Como sabemos, la historia termina con su muerte.
En “Soldadito del narco”, crónica del periodista Matías Sánchez, se cuenta la historia de Emerson Zamorano, un niño soldado al que en 2019 encontraron agonizando en un colchón en La Vega Central, parapléjico, solo. Emerson era el quinto de nueve hermanos; ni su padre ni los de sus hermanos estuvieron presentes durante su vida, y su madre no podía sostener sola a nueve niños. Sobre él se acumularon más de doscientos informes judiciales que advertían su situación de abandono y precariedad. A los 13 años, fue una vecina narcotraficante la que pidió su cuidado personal, y una jueza de familia se lo concedió. En esa casa, Emerson trabajaría como soldado y conocería la plata fácil y algo parecido a la pertenencia. La banda criminal también lo desechó cuando, a los 15 años, quedó parapléjico tras chocar en una persecución policial y dejó de serles útil. Sin red de apoyo y tras volver a las calles, a los pocos días de ser encontrado agonizando, Emerson murió. Le habían robado su silla de ruedas y llevaba varios días postrado en el lugar.
La política ha pensado hasta ahora que la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país se reduce a su manifestación más visible -la violencia- y que el foco debe estar entonces en aprobar una serie de leyes que le brinden más poder a las policías para así contener la crisis. No se trata de negar que esto sea pertinente. El problema está en que ese sea el único foco y no se advierta que acá estamos ante dificultades mucho más profundas, anteriores al momento final de un delito. Una de ellas es precisamente la que aparece en las dos crónicas referidas: la debilidad del Estado que, como muestran los casos de Ámbar y Emerson, no logra actuar con éxito ni a tiempo para revertir las trayectorias de tantos niños y jóvenes.
Esta misma idea de un Estado débil y de una política ciega a la complejidad de nuestra crisis la confirman los textos recientes de Juan Pablo Luna y Pedro Carvallo. En estos textos describen cómo la educación ha dejado de percibirse como un motor de movilidad social. Aunque la promesa de surgir no desaparece, se mueve de lugar. Deja la sala de clases y se instala en el “salvarse solo”, en las apuestas en línea, en OnlyFans, en los mercados ilegales, en el enriquecimiento fácil y el camino rápido que no implique esfuerzos que se revelan luego vanos.
Según el economista Albert Hirschman, hay dos maneras de reaccionar cuando una institución falla: alzar la voz para que cambie o, simplemente, salir de ella. Ámbar intentó elegir la voz. Escribió un reclamo esperando que alguien la escuchara, pero nadie lo hizo. Emerson eligió la salida, aunque fue una jueza la que lo puso en manos del narco. La tragedia es que se vuelva cada vez más recurrente en niños y jóvenes la experiencia de que alzar la voz no sirve, y que lo único que queda es irse, no esperar nada de quienes no cumplen. Porque, además, lo que muestran a diario los “vivos” que actúan en los márgenes es que irse paga. Y puede que sean cada vez más los que se están yendo, con tan poco ruido que pocos se den cuenta. No es necesario que las cosas terminen en violencia para que la tragedia esté sellada, pues basta con que la familia, la escuela, el barrio y el Estado hayan dejado de importar, porque no tienen nada que ofrecer.
La crisis de seguridad se enmarca entonces en este fondo de problemas anteriores y más profundos. Y reconocerlo permite advertir que el orden no se sostiene sólo con policías, sino también con un entramado institucional sostenido en algún tipo de reciprocidad, donde las exigencias del sistema descansan en promesas que deben ser efectivas. Cuando esto deja de ocurrir, la legitimidad de ese orden empieza a derrumbarse. La tarea de reconstruirlo no puede pasar entonces sólo por exigir control y castigo a quienes decidieron irse: hay que reconstruir lo que Hirschman llamaba lealtad, mostrar también que quedarse puede valer la pena. Y esa es también la labor de la política.