La semana pasada el gobierno anunció una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE). Uno de los principales objetivos de la propuesta es reincorporar el mérito académico como criterio de selección en los procesos de postulación escolar. Naturalmente, la discusión se ordenó en torno a dos posiciones. Para los defensores de la reforma del gobierno, el SAE actual depende mucho del azar y limita de forma injusta el reconocimiento del mérito. Sus críticos, en tanto, sostienen que modificarlo podría abrir las puertas a determinadas formas de discriminación que la ley buscó superar.

En este punto se vuelve adecuado hacer un poco de genealogía de la reforma que originó el sistema actual. Lo que hoy suele presentarse de forma amable como “Ley de Inclusión”, nació originalmente como un proyecto destinado a regular la admisión escolar, eliminar el financiamiento compartido y prohibir el lucro en establecimientos que recibían aportes del Estado. En este sentido no era solo una reforma administrativa, sino que una transformación estructural del sistema escolar chileno, impulsada por el gobierno de la Nueva Mayoría. La convicción de Bachelet y sus equipos recaía en que, acabando con estos tres elementos, se podría avanzar hacia una educación de mayor calidad.

Luego de diez años de implementación los resultados no fueron los esperados. Según los Resultados Educativos 2025 de la Agencia de Calidad de la Educación, los puntajes SIMCE se han estabilizado luego de una caída debido a la pandemia, sin variaciones entre 4° básico y II° medio. Pero lo más preocupante es la distribución según estándares de aprendizaje; en palabras simples, tres de cada cuatro estudiantes se ubican en los niveles insuficientes o elemental. Una porción considerable de los alumnos no está logrando de forma adecuada los aprendizajes mínimos, o lo hacen en un nivel mínimo. Es decir, la reforma no ha logrado ni remotamente una educación de mayor calidad.

Ahora, la discusión sobre el sistema de admisión es importante y puede ser un avance que abra un camino para una mejora real de la educación. Es importante el sistema que las familias utilizan para acceder al establecimiento porque representa una comprensión de la libertad de enseñanza, del mérito y del derecho que los padres tienen a educar a sus hijos. Pero

Pero el drama de fondo sigue latente, pues la discusión no debe reducirse a si las familias podrán elegir, sino qué podrán elegir. Una reforma al SAE puede ser un buen primer paso en orden a ampliar sus márgenes de decisión y corregir el peso excesivo del azar, pero la libertad seguirá siendo insuficiente si existen pocas escuelas y liceos que ofrezcan una educación de calidad. En este contexto, muchas familias no escogerán realmente entre proyectos educativos diversos, sino entre un número reducido de alternativas aceptables.

Si uno mira con detención los datos Resultados Educativos del año 2024 presentados por la Agencia de Calidad de la Educación se advierte que los resultados más bajos en la prueba SIMCE corresponden a los colegios públicos, que concentran un 35% de la matrícula escolar total. Un poco mejor se ubican los particulares subvencionados que concentran un 54% de la matrícula.

El escenario entonces es el siguiente: si de 100 colegios, solo 10 obtienen resultados comparables a los mejores establecimientos privados, resulta evidente que las familias preferirán esos 10. El problema es que, lamentablemente, no todas las familias caben ahí. Sumado a eso, esas buenas escuelas públicas no se distribuyen de forma homogénea a lo largo del país. Para muchas familias, sobre todo de regiones, la libertad de elegir se enfrenta a una restricción real: simplemente no hay alternativas de calidad cerca.

Es por esta razón que el debate sobre el SAE, aunque necesario, debe enmarcarse en una pregunta más amplia. ¿Puede un cambio en el sistema de admisión, por sí mismo, generar mejoras significativas en la calidad de la educación? Probablemente no. Lo que sí puede lograr es corregir distorsiones, ampliar márgenes de libertad, reconocer de mejor forma criterios de mérito y abrir el camino para revisar críticamente el sistema diseñado por la Nueva Mayoría. Pero no va a reemplazar la tarea central, que es mejorar efectivamente la calidad de la educación que brinda el Estado.

El punto aquí no es negar la importancia de la selección o del mérito. Ambos remiten a una discusión relevante sobre qué se entiende por esfuerzo de los estudiantes y libertad de elección de los padres. Pero si las derechas quieren hacerse cargo seriamente del problema educación, no bastará solo con modificar la forma de entrada a las escuelas. El foco y las soluciones deben orientarse a ver qué está ocurriendo dentro de las aulas, por qué el servicio mayoritario sigue estando lejos del estándar que las familias y qué condiciones institucionales permiten formar comunidades educativas exigentes, ordenadas y con sentido.

La reforma propuesta por el gobierno puede abrir un momento político para repensar todas estas cuestiones. La reforma de la Nueva Mayoría y Michelle Bachelet fracasó en sus resultados, pero tuvo una fuerza que no conviene subestimar: ofreció un diagnóstico, un lenguaje y una arquitectura institucional. Si el nuevo gobierno quiere enmendar el rumbo heredado no se puede limitar solo a desmontar piezas. Debe proponer una alternativa que pueda recuperar la calidad de la educación que ofrece el Estado, fortalecer la autoridad en los establecimientos, reconocer el mérito y devolver a las familias una libertad de elección real.

El desafío ciertamente es titánico, pero conviene tenerlo en el horizonte: Chile necesita escuelas de una calidad alta y relativamente homogénea para que la libertad de los padres no consista solo en encontrar una alternativa aceptable, sino en escoger una institución cuya visión y misión sean afines al tipo de educación que quieren para sus hijos. Aún estamos bastante lejos de esa meta.