La oposición decidió presentar varios requerimientos ante el Tribunal Constitucional para objetar alguna de las normas incluidas en la megarreforma. Según sus parlamentarios, dicha ley es contraria a nuestra Carta Fundamental, sobre todo en lo relativo a la invariabilidad tributaria. En su lógica, ella sería contraria —nada más ni nada menos— que a nuestra democracia.

La decisión de ir al TC es reveladora por varios motivos. El primero guarda relación con la situación que atraviesa la izquierda. Luego de una serie de derrotas en toda la línea —electoral, parlamentaria y política—, surge naturalmente la tentación de ganar en dicha sede aquello que se ha perdido en todas las restantes. Sin embargo, se trata de una tentación peligrosa de cara a sus propósitos e intereses. En efecto, hasta ahora la oposición no ha logrado —en rigor, ni siquiera lo ha intentado— elaborar un discurso que permita contrapesar las iniciativas del Gobierno. El progresismo ha balbuceado consignas, pero no ha presentado motivos robustos para incidir en la opinión pública. Hace algunos años, los argumentos de la izquierda hacían mella en el debate, lo permeaban y, de hecho, lograban que la derecha retrocediera. Sin embargo, el discurso contra los ricos se gastó, hasta volverse vano: no tiene consecuencia alguna. Por lo mismo, la discusión no ha dejado nada para el sector. El Gobierno tiene problemas, sí, pero son todos autoinfligidos desde su derecha, nunca desde la oposición.

Pero hay más. La izquierda tampoco ha sido capaz de presentar una alternativa viable para salir del estancamiento económico y recuperar el empleo. La propuesta del Gobierno quizás tiene defectos —como cualquier iniciativa de esta índole—, pero tiene el mérito indudable de existir: allí está, y podremos juzgarla más adelante por sus resultados. Como si esto fuera poco, la oposición tampoco quiso incidir en la deliberación parlamentaria y cuando algunos de sus senadores intentaron jugar ese papel, fueron tratados de vendidos. En resumen: no hay voluntad alguna de influir, ni en la discusión ni en el Parlamento. Es una curiosa abdicación.

Esto explica la confianza depositada en el TC que, a su vez, tiene sus propias dificultades. Basta recordar que hace pocos años la izquierda chilena emprendió un sistemático esfuerzo de demolición de nuestra justicia constitucional. Para ellos, el TC no era más que una despreciable tercera cámara, cuya función consistía en obstaculizar la agencia política del pueblo y el ejercicio de las legítimas mayorías ciudadanas. Si se quiere, era una instancia oligárquica y enemiga de la voluntad popular. En aquella época —¿se acuerdan?— la Constitución estaba plagada de trampas, y no había urgencia más apremiante que reemplazarla.

La argumentación no buscaba criticar tal o cual decisión del TC, sino su existencia: el propósito era horadar su legitimidad, hasta volverlo inservible. Por lo mismo resulta tan sorprendente que hoy, sin mediar explicación alguna, el mismo sector recurra al TC para anular una decisión de la mayoría parlamentaria. El motivo es simple: es imposible no tener la sensación de que el progresismo quiere disolver el TC cuando este no le agrada, y le encanta cuando puede encontrar allí un refugio a sus múltiples fragilidades. Desde luego, están en su derecho de presentar el recurso, pero parecen no advertir que, al hacerlo de esta manera, consumen su credibilidad (además de degradar el espacio público). El uso instrumental de los argumentos nunca es inocuo, y allí está el ejemplo de los retiros de fondos de pensiones si alguien tiene dudas.

Llegados a este punto, la pregunta gira hacia la decisión del TC. Al respecto, quizás sea conveniente recordar una cuestión elemental: la justicia constitucional ha de ser deferente para con el legislador. Esto es, la eventual inconstitucionalidad de una ley debe ser flagrante y, sobre todo, contra norma expresa. En otras palabras: el TC no está llamado a emitir una opinión sobre tal o cual medida, pues aquello es resorte de otras instancias. En consecuencia, los motivos para declarar inconstitucional una norma deben ser muy poderosos, como para justificar la limitación de la voluntad de la legítima mayoría democrática. Es obvio que a veces hay buenas razones para hacerlo —no caeré en la denuncia simplona de la justicia constitucional—, pero la carga de la prueba les corresponde a quienes objetan. Dicho esto, cuesta comprender los motivos que pudieran explicar que la invariabilidad tributaria es, por definición, antidemocrática, pues solo busca entregar una señal de estabilidad para ciertas decisiones de inversión (que, además, ¡se ajusta a la propuesta de los senadores PPD!). Por cierto, cada cual podrá tener su opinión sobre la norma, o sobre sus efectos, pero considerarla antidemocrática equivale a afirmar que nunca podremos dar señales robustas para atraer la inversión que tanto necesitamos. Por lo demás, implicaría que los países que tienen una regla de ese tipo —que no son pocos— serían antidemocráticos.

Todo esto es manifiestamente absurdo. En lugar de improvisar piruetas argumentativas en sede constitucional, la oposición debería iniciar un trabajo reflexivo que le permitiera comprender por qué le cuesta tanto hacer política. Ninguna decisión del TC podrá ahorrar ese trabajo.